La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, a través de un comunicado oficial, efectuó ciertas aclaraciones ante las notas de prensa que han sido publicadas en el país, en los últimos días, en las que se asegura que el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una demanda contra el Estado ecuatoriano por parte de los familiares de las personas que fallecieron, el pasado 30 de septiembre, durante el intento de golpe de Estado que sufrió el régimen de Rafael Correa.

En la misiva, el organismo señala que la nota recibida por el CIDH por parte de los denunciantes es una nota de acuso de recibo de carácter estrictamente administrativo, que no tiene trascendencia jurídica alguna y que constituye un paso previo y normal en los procesos.

El comunicado explica que una vez recibida la petición por parte de los demandantes, el CDHI procederá a observar los requisitos formales previstos en el reglamento interno de la entidad.

Entre esos puntos consta la etapa de admisibilidad, contemplados en  los artículos 30 y 36 del estatuto, en donde  debe constar que se han agotado todas las instancias jurídicas a nivel nacional. Situación que aún no ha ocurrido en el caso del 30-S, debido a que aún se continúan las causas en contra de los implicados en la sublevación policial.

Además, el pasado fin de semana la Fiscalía de Pichincha apeló la sentencia que benefició al ex jefe del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, en el juicio por el intento de magnicidio en esa jornada.

El documento enviado por la Misión Permanente agrega que en el caso de que la CIDH acepte la causa dará a conocer, de manera pública, su disposición de acoger el caso. Situación que hasta el momento no ha sucedido.

El presidente de la República, Rafael Correa, en declaraciones la semana anterior, aseguró que apoya las acciones emprendidas por los familiares de las víctimas del 30-S, pero afirmó que teme que este tema sea manipulado políticamente con el objetivo de perjudicar al régimen.