La fuente inmediata de la debacle de Washington fue el agudo giro a la derecha de la clase política. En el pasado, Estados Unidos ocasionalmente ha sido descrito sarcásticamente (pero no erróneamente) como un Estado de un partido: el partido empresarial, con dos facciones llamadas demócratas y republicanos.

Eso ya no es así. Estados Unidos sigue siendo un Estado de un partido, el partido empresarial. Pero solo tiene una facción: los republicanos moderados, actualmente llamados nuevos demócratas (como se autodenomina la coalición del Congreso de Estados Unidos).

Sigue habiendo una organización republicana, pero hace mucho abandonó cualquier pretensión de ser un partido parlamentario normal. Norman Ornstein, comentarista conservador del Instituto American Enterprise, describe a los republicanos de ahora como ‘una insurgencia radical; ideológicamente extrema, desdeñosa de los hechos y del compromiso, menospreciante de la legitimidad de su oposición política’: un grave peligro para la sociedad.

El partido marcha al servicio de los muy ricos y del sector corporativo. Puesto que los votos no pueden obtenerse con esa plataforma, el partido se ha visto forzado a movilizar sectores de la sociedad que resultan extremistas bajo estándares mundiales. La locura es la nueva norma entre los miembros del ‘Tea Party’ y una multitud de gente más allá de la corriente principal.

El ‘establishment’ republicano y sus patrocinadores empresariales esperaban utilizarlos como ariete en el ataque neoliberal contra la población; para privatizar, desregular y limitar al gobierno, conservando al mismo tiempo las partes que sirven a la riqueza y al poder, como el Ejército.

El ‘establishment’ republicano ha tenido cierto éxito, pero ahora encuentra que ya no puede controlar su base, para su gran consternación. El impacto sobre la sociedad estadounidense, por tanto, se vuelve aún más severo. Un caso de estudio: la virulenta reacción contra la Ley de Servicio Médico Accesible y el casi cierre de operaciones del gobierno.

La observación del comentarista chino no es completamente novedosa. En 1999 el analista político Samuel P. Huntington advirtió que para gran parte del mundo Estados Unidos se está ‘convirtiendo en la súper potencia truhán’, siendo vista como ‘la principal amenaza externa para sus sociedades’.

En 1999 Samuel P. Huntington advirtió que para gran parte del mundo Estados Unidos se está ‘convirtiendo en la súper potencia truhán’ ...Pocos meses después de haber iniciado el mandato de Bush, Robert Jervis, presidente de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas, advirtió que “a los ojos de gran parte del mundo, de hecho, el principal Estado truhán actualmente es Estados Unidos”. Tanto Huntington como Jervis advirtieron que ese curso era imprudente. Las consecuencias para Estados Unidos podrían ser dañinas.

En la edición más reciente de Foreign Affairs, el principal diario del ‘establishment’, David Kaye hace un análisis de un aspecto del alejamiento de Washington con el mundo: el rechazo a tratados multilaterales ‘como si fuera un deporte’.

Kaye explica que algunos tratados son rechazados rotundamente, como cuando el Senado de Estados Unidos ‘votó en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades en 2012 y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT, por su sigla en inglés) en 1999’.

Otros son descartados por falta de acción, incluyendo ‘temas como derechos laborales, económicos y culturales, especies en peligro de extinción, contaminación, conflicto armado, conservación de la paz, armas nucleares, derecho marítimo y discriminación contra las mujeres’.

El rechazo a las obligaciones internacionales “se ha vuelto tan atrincherado”, escribe Kaye, “que los gobiernos de otros países ya no esperan la ratificación de Washington ni su plena participación en las instituciones que crean los tratados. El mundo está avanzando; las leyes se hacen en otros lados, con limitada (si acaso) participación estadounidense”.

Aunque no es nueva, la práctica efectivamente se ha atrincherado más en los últimos años, junto con la callada aceptación interna de la doctrina de que Estados Unidos tiene todo el derecho de actuar como Estado truhán.

Para tomar un ejemplo típico, hace unas semanas fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos capturaron a un sospechoso (Abu Anas al-Libi) en las calles de Trípoli, la capital libanesa, y lo llevaron a un buque de la Marina para ser interrogado sin abogado y sin derechos. John Kerry, secretario de Estado, informó a la prensa que las acciones son legales porque cumplen con la ley estadounidense, lo que no provocó ningún comentario particular.

Los principios son válidos solo si son universales. Las reacciones serían un poco diferentes, sobra decir, si las fuerzas especiales cubanas secuestraran en Miami al prominente terrorista Luis Posada Carriles y lo llevaran a Cuba para ser interrogado y enjuiciado de acuerdo con la ley cubana.

Estas acciones están restringidas para los estados canallas. Siendo más precisos, para el único Estado canalla suficientemente fuerte como para actuar con impunidad: en los últimos años, para perpetrar agresión a voluntad, para aterrorizar grandes regiones del mundo con ataques de aviones no tripulados, y mucho más.

Y para desafiar al mundo de otras formas, por ejemplo persistiendo en su embargo contra Cuba pese a la oposición de largo plazo de todo el mundo, aparte de Israel, que votó con su protector cuando la Organización de las Naciones Unidas volvió a condenar el embargo (188-2) en octubre.

Independientemente de lo que pueda pensar el mundo, las acciones de Estados Unidos son legítimas porque nosotros así lo decimos. El principio fue enunciado por el eminente estadista Dean Acheson en 1962, cuando instruyó a la Asociación Estadounidense de Derecho Internacional que no surge ninguna cuestión legal cuando Estados Unidos responde a un reto a su “poder, posición y prestigio”.

Cuba cometió ese crimen cuando repelió una invasión estadounidense y luego tuvo la audacia de sobrevivir a un ataque diseñado para llevar a Cuba “los terrores de la Tierra”, en palabras de Arthur Schlesinger, historiador y asesor de Kennedy.

Cuando Estados Unidos ganó su independencia, buscó unirse a la comunidad internacional de esos días. Por eso la Declaración de Independencia empieza expresando preocupación por el ‘decente respeto a las opiniones de la humanidad’.

Un elemento crucial fue la evolución de una confederación desordenada a una unificada ‘nación digna de tratados’, siguiendo la frase del historiador Eliga H. Gould, que observaba las convenciones del orden europeo. Al alcanzar este estatus, la nueva nación también se ganó el derecho de actuar como deseaba internamente.

Por tanto, podía proceder a librarse de la población indígena y a expandir la esclavitud, una institución tan ‘odiosa’ que no podía tolerarse en Inglaterra, como falló en 1772 el distinguido jurista William Murray, conde de Mansfield. La evolución de la ley inglesa era un factor que impulsaba a la sociedad dueña de esclavos a escapar de su alcance.

Convertirse en una nación digna de tratados, por tanto, confería múltiples ventajas: reconocimiento externo y libertad para actuar internamente sin interferencia. El poder hegemónico ofrece la oportunidad de convertirse en un Estado canalla, desafiando libremente el derecho y normas internacionales, enfrentando al mismo tiempo mayor resistencia en el exterior y contribuyendo a la decadencia propia vía heridas autoinfligidas.

(El libro más reciente de Noam Chomsky es "Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire. Interviews with David Barsamian". Chomsky es profesor emérito de Lingüística y Filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge).