Un importante principio de la teoría de las relaciones internacionales es que la máxima prioridad del Estado consiste en garantizar seguridad. De la manera que George F. Kenan, estratega de la Guerra Fría, formuló la perspectiva estándar, el gobierno es creado “para asegurar orden y justicia internamente y proveer para la defensa en común”.

La propuesta parece verosímil, casi salta a la vista, hasta que vemos más de cerca y nos preguntamos: ¿Seguridad para quién? ¿Para la población general? ¿Para el mismo poder del Estado? ¿Para dominantes bases populares en el ámbito interno?

Dependiendo de a qué nos refiramos, la credibilidad de la propuesta va de insignificante a muy alta.

La seguridad para el poder del Estado está en el extremo más alto, como lo ilustran los esfuerzos que ejercen estados para protegerse del escrutinio de sus propias poblaciones.

En una entrevista de la televisión alemana, Edward J. Snowden dijo que su “punto de quiebre” fue “ver al Director de Inteligencia Nacional, James Clapper, mintiendo directamente bajo juramento y ante el Congreso” al negar la existencia de un programa nacional de espionaje, conducido por la Dependencia de Seguridad Nacional, la NSA.

Snowden ahondó diciendo que “La población tenía el derecho a saber de estos programas. La población tenía derecho a saber eso que el gobierno está haciendo en su nombre, y lo que el gobierno está haciendo en contra de la población”.

Lo mismo podría decirse con justicia por Daniel Ellsberg, Chelsea Manning y otras valientes figuras que actuaron impulsadas por el mismo principio democrático.

La posición del gobierno es muy diferente: la población general no tiene el derecho a saber por qué, por tanto, se socava la seguridad; en grado severo, afirman oficiales. Existen varias razones buenas para mostrarse escéptico con respecto a una respuesta así. La primera es que es casi completamente predecible: Cuando el acto de un gobierno se expone, el gobierno alega seguridad como acto reflejo. Es por esto que la predecible respuesta contiene escasa información.

Una segunda razón para el escepticismo es la naturaleza de la evidencia presentada. John Mearsheimer, académico en relaciones internacionales, escribe que "La administración Obama alegó al principio, lo cual no causa sorpresa, que el espionaje de la NSA fue un factor clave para frustrar 54 conjuras terroristas en contra de Estados Unidos, dando a entender que había violado la Cuarta Enmienda por buena razón.

“Sin embargo, eso fue una mentira. El General Keith Alexander, el director de la NSA, con el tiempo reconoció ante el Congreso estadounidense que él podía reclamar solo un éxito, y ese era haber capturado a un inmigrante somalí y otros tres socios que vivían en San Diego, los cuales habían enviado 8.500 dólares a un grupo terrorista en Somalia”.

A una conclusión similar llegó el Consejo de Vigilancia de Privacidad y Libertades Civiles, establecido por el gobierno para investigar los programas de la NSA y al cual, por lo tanto, se le otorgó amplio acceso a materiales confidenciales y oficiales de seguridad.

Hay, por supuesto, un sentido en el cual la seguridad es amenazada por la conciencia pública; esto es, la seguridad del poder del Estado de ser expuesto.

El entendimiento básico fue expresado bien por Samuel P. Huntington, politólogo de Harvard: “Los arquitectos del poder en Estados Unidos deben crear una fuerza que pueda sentirse, mas no verse. El poder sigue siendo fuerte cuando permanece en la oscuridad; expuesto a la luz del día, empieza a evaporarse”.

En Estados Unidos y otras partes, los arquitectos del poder entienden eso muy bien. Aquellos que han trabajado a través de la descomunal masa de documentos confidenciales que terminan siendo divulgados, por ejemplo, en la historia oficial del Departamento de Estado, “Relaciones exteriores de Estados Unidos”, difícilmente pueden dejar de notar la frecuencia con que la seguridad del poder del Estado respecto de la población general es lo que termina siendo una de las inquietudes principales, no la seguridad nacional en algún sentido significativo.

Con frecuencia, el intento por mantener la confidencialidad va motivado por la necesidad de garantizar la seguridad de poderosos sectores nacionales. Un persistente ejemplo está en los mal llamados “acuerdos de libre comercio”; mal llamados porque violan radicalmente los principios del libre comercio y sustancialmente no tienen nada que ver con el comercio, sino más bien con los derechos de los inversionistas.

Estos instrumentos normalmente se negocian en secreto, como la presente Sociedad Transpacífica; por supuesto, no del todo en secreto. No es un secreto para los cientos de cabilderos y abogados corporativos que están redactando las detalladas cláusulas, con un impacto revelado por las pocas partes que han llegado a la población general a través de WikiLeaks.

Como concluye razonablemente el economista Joseph E. Stiglitz, con la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos “representando intereses corporativos”, no los de la población, “es baja la probabilidad de que sirva al estadounidense común lo que surja de las próximas pláticas; la perspectiva para ciudadanos comunes en otros países es incluso más sombría”. La seguridad del sector corporativo es una inquietud que surge con regularidad en las políticas gubernamentales; lo cual, para empezar, difícilmente causa sorpresa dado su papel en la formulación de las políticas.
En contraste, existe considerable evidencia de que la seguridad de la población nacional -“seguridad nacional”, como se supone que debe entenderse el término- no es una alta prioridad para la política de Estado.

Por ejemplo, el programa mundial de asesinato a través de drones del presidente Barack Obama, por mucho la mayor campaña terrorista del mundo, es también una campaña generadora de terror. El general Stanley A. McChrystal, comandante de fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán hasta que fue relevado del deber, habló de “matemática insurgente”: por cada persona inocente que matas, creas 10 nuevos enemigos.

Este concepto de “persona inocente” nos dice hasta dónde hemos progresado en los últimos 800 años, desde la Carta Magna, que estableció el principio de presunción de inocencia que, en otra época, se creía era la base del derecho anglo-estadounidense.

Actualmente la palabra “culpable” significa “marcado para asesinato por Obama”, en tanto “inocente” significa “aún no se le otorga ese estatus”.

La Brookings Institution acaba de publicar “El cardo y el dron”, estudio antropológico de sociedades tribales ampliamente elogiado, escrito por Akbar Ahmed, con el subtitulo “Cómo el combate estadounidense al terrorismo se convirtió en una guerra global sobre el islam tribal”.

Esta guerra global presiona a gobiernos centrales de tipo represivo para que emprendan ataques en contra de los enemigos tribales de Washington. La guerra, advierte Ahmed, pudiera llevar “a la extinción” de algunas tribus, con severo costo para las mismas sociedades como el que ahora se ve en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. Y a final de cuentas, para los estadounidenses.

Las culturas tribales, destaca Ahmed, se fundamentan en el honor y la venganza: “Cada acto de violencia en estas sociedades tribales provoca un contraataque: mientras más fuertes sean los ataques en contra de varones de la tribu, más cruentos y sangrientos los contraataques”.

Los ataques del terror pudieran impactar en casa. En el diario británico International Affairs, David Hastings resume cómo drones cada vez más sofisticados son un arma perfecta para grupos terroristas. Los drones son baratos, es fácil adquirirlos y poseen muchas cualidades que, cuando se combinan, los convierten potencialmente en el medio ideal para un ataque terrorista en el siglo XXI", explica Dunn.

El senador Adlai Stevenson III, al referirse a sus muchos años de servicio en el comité de Inteligencia del Senado de EU, escribe que la “cibervigilancia y la recolección de metadatos forman parte de la reacción que continúa al 11 de septiembre, con pocos terroristas, si acaso, para demostrarlo y casi una condena universal. Se percibe ampliamente que Estados Unidos está librando una guerra en contra del islam, en contra de chiítas y de sunitas, en tierra, con drones, y por representación en Palestina, desde el golfo Pérsico hasta el centro de Asia. Alemania y Brasil resienten nuestras intrusiones, ¿y ellos qué han provocado?”.

La respuesta es que ellos han provocado una creciente amenaza terrorista, así como aislamiento internacional.

Las campañas de asesinato con drones son una estrategia mediante la cual la política de Estado, a sabiendas, pone en peligro la seguridad. Lo mismo es cierto de las asesinas operaciones de fuerzas especiales. Y de la invasión de Irak, que incrementó marcadamente el terrorismo en Occidente, confirmando las predicciones de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses.