La paralización de actividades incide directamente en el comportamiento de la banca, aunque esta refleja estabilidad. Las instituciones trajeron $ 1.100 millones para amortiguar los impactos.

Este protocolo fue diseñado con la colaboración del Ministerio de Minería de Chile y fue socializado a 250 autoridades locales, entre gobernadores, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales.