El IVA es sin lugar a dudas el impuesto más importante en la economía ecuatoriana, tanto por ser el de mayor recaudación que el resto ($6.736 millones), sobre el impuesto a la renta inclusive, y por ser de amplia base; es decir, el número de contribuyentes es significativamente mayor que el resto de impuestos.

Su estructura y diseño lo hacen manejable y entendible aún para el ciudadano de a pie que hace compras en el supermercado, se moviliza en transporte público y se compra una cerveza. No así el resto de impuestos que vienen a ser temas turbios y que la primera vía de contacto es el contador antes que el abogado, es la realidad, que le vamos a hacer.

Lamentablemente la estadística tributaria se ha limitado a cuánto aumenta o se reduce la recaudación, por lo que es poco lo que podemos aportar los profesionales en una reforma tributaria. Ya que, análisis cualitativos (evasión, recaudación por sectores, medición de efectividad de reformas, gasto tributario) no están disponibles. Y el resultado del monopolio de la información no compartida, da pie para que asambleistas, sin tener siquiera un proyecto en sus manos, se nieguen a cualquier reforma tributaria, minando así cualquier proyecto serio en aras de alcanzar la igualdad, generalidad y contribución en función de la riqueza.

En el transporte público, por ejemplo, en realidad los usuarios pagamos un IVA en el precio del pasaje, ello en razón de que el bus, el combustible, los lubricantes, repuestos y neumáticos gravan IVA 12%, y son un costo para el transportista; y, al no poder trasladarlo al usuario, ya que el transportista no tiene derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las compras de bienes y servicios para prestar el servicio de transporte, va incluido en el precio del pasaje.

La tarifa de 0% de IVA al transporte público se ha vuelto perniciosa tanto porque se le priva del derecho al transportista a compensar el IVA 12% pagado en las compras, y que igual se traslada camufladamente en el precio; y de otro lado, ya que pierde cualquier estímulo el transportista para pedir factura al mecánico, al ayudante, al vendedor de llantas, al vendedor de repuestos; generando una economía sumergida que amplía la evasión del IVA -por la propia Ley- a todos los sectores relacionados al sector transporte, que no emiten facturas y los pagos son en efectivo; y no detectables por el Fisco.

El solo desglose del IVA, que ya está incluido en el precio, y el reconocimiento para usar como descuento el IVA pagado en todas las facturas de compras y adquisiciones del transportista, ya generaría aumento de algunos millones en la recaudación tributaria, que tanto necesita el actual gobierno. (O)