Presuntas irregularidades envuelven a un grupo de legisladores de varias tiendas políticas como Alianza PAIS (AP), CREO, SUMA e Independientes. La Fiscalía General del Estado y la Contraloría investigan denuncias por delitos como concusión (diezmos), tráfico de influencias y enriquecimiento injustificado.

La mayoría de estos procesos se encuentran en investigación previa, lo que significa que los procedimientos son reservados. Las denuncias datan desde el año 2018 y algunas fueron presentadas por el parlamentario independiente Fabricio Villamar. 

Los casos que ya se han judicializado son los procesos en contra de Norma Vallejo, de Alianza PAIS (AP); Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana (RC), y María Alejandra Vicuña (AP). Mientras que Ana Galarza (ex-CREO) fue destituida de su cargo, al igual que sus colegas Espín y Vallejo.

Caso Pedernales

El caso más reciente y controversial es el de Daniel M. (AP), quien tiene abierta una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. El legislador estaría involucrado en el aparente manejo de contratación de obras públicas, entre ellas del hospital de Pedernales, Manabí.

En ese sentido, el contralor Pablo Celi dijo la semana anterior respecto al supuesto reparto en hospitales que estos ya no solo son administrados por médicos sino por cuotas políticas. Destacó que la política jamás debería afectar y mucho menos descomponer la integridad administrativa del Estado.

La Contraloría ha intervenido 61 hospitales y centros de salud, 58 municipios y 16 consejos provinciales por irregularidades. Y asimismo ha hecho 200 auditorías a GAD provinciales, cantonales y parroquiales, en el Ejecutivo y sistema de salud.

El presidente Lenín Moreno pidió a la Fiscalía y Policía que cumplan con su deber y que la justicia aplique la ley. “La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evitará la impunidad”.

Moreno publicó este comentario en el contexto de la aprehensión del legislador Daniel M., detenido en un operativo de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía.

Para el analista político y director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que tiene a su cargo el Observatorio Legislativo, Mauricio Alarcón, es lamentablemente que las acciones positivas de la Asamblea se vean opacadas por denuncias de corrupción. Sin embargo, rescata que haya sido el primer parlamento de la región que durante la emergencia sanitaria mantuvo activo su trabajo, a través de sesiones virtuales.

Mencionó que existe poca credibilidad y confianza de la ciudadanía en este poder del Estado. “Si le decimos a la población que el Legislativo ha sesionado durante la pandemia, frente a la noticia de un supuesto reparto de hospitales, perdurará la acción negativa”.

Alarcón indicó que según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop), el 40% de la ciudadanía cree en la Asamblea, es decir que 6 de cada 10 personas no confía en esta. Comentó que según Perfiles de Opinión y Cedatos, la credibilidad del Legislativo llega al 20%.

Para la catedrática y analista política Dayana León existe una generalización sobre lo que sucede en la Asamblea cuando existen legisladores que han denunciado y luchado contra la corrupción.

Planteó que es necesario que desde el Parlamento se asuma el rol fiscalizador de manera inmediata y que se repiense el procedimiento de la Comisión de Fiscalización. “Uno de los legisladores detenidos es Daniel M. Era parte de esta comisión y hasta el momento no se ha pronunciado sobre este tema; debe haber una reestructuración”.

Para la analista existe debilidad en la comunicación institucional de cara a la ciudadanía.

“Estamos a favor de que se investigue”

Para la legisladora de Alianza PAIS (AP), Ximena Peña, las últimas denuncias afectan a la institución, pero lo grave es el manejo de la información en las redes sociales. “Se coloca en las redes una hoja y esta circula, se viraliza y se da por hecho que es así, cuando no hay nadie que se responsabilice por esa información; rechazamos este tipo de información”.

Peña pidió responsabilidad a quienes emiten estos tipos de contenidos. Fue clara en señalar que sí existen legisladores que tienen denuncias y procesos con la justicia y deben ser investigados con el debido proceso y les debe caer todo el peso de la ley. “Estamos a favor de que se investigue todo, no podemos encubrir a nadie y si debe haber un proceso disciplinario estamos abiertos”. (I)