La Comisión de Educación, presidida por el asambleísta Jimmy Candell, debatió y aprobó un proyecto de resolución sobre la pandemia del covid-19, tomando en cuenta inquietudes de la UNE y FESE, para finalizar el año escolar.

De acuerdo al contenido de la resolución, entre otras cosas, se solicita al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, disponga la terminación de este periodo escolar bajo la modalidad virtual implementada por el Ministerio de Educación, para el régimen Sierra-Amazonía.

Además, prohibir cualquier actividad presencial en las instituciones educativas, a fin de precautelar la seguridad de alumnos y docentes, en aras de contrarrestar el aumento de contagios masivos del coronavirus.

En el documento, se exige del Ministerio de Educación la inmediata supresión de la sobrecarga de tareas escolares y laborales para alumnos y docentes; garantizar la estabilidad de todos los maestros.

Además, revisar el Plan Educativo Covid-19, para que los estudiantes que no tienen acceso a equipamiento tecnológico puedan continuar con su proceso educativo; y, que previo al inicio de actividades académicas del régimen Costa-Galápagos, realice la evaluación de las capacidades tecnológicas instaladas.

También, requiere del Ministerio de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información y Corporación Nacional de Telecomunicaciones que establezcan un plan de emergencia que permita proveer de forma gratuita internet para estudiantes y docentes que, por falta recursos, no puedan acceder a este servicio.

De esta forma se podrá continuar con los procesos educativos durante la emergencia sanitaria.

De igual manera, se exige al Ministerio de Finanzas que efectivice las transferencias de sueldos de docentes del Magisterio, correspondiente al mes de marzo.

Objeción parcial

Posteriormente, la mesa aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial al proyecto de Ley de Alimentación Escolar, sugiriendo al Pleno de la Asamblea el allanamiento en nueve de las objeciones presidenciales y ratificación en ocho de los textos aprobados originalmente.

Los comisionados se pronunciaron por insistir en el tema del presupuesto para que se concrete la aplicación de la norma, al igual que se mantenga el régimen especial de contratación pública que abre la participación del sector de la agricultura familiar-campesina y de los actores de la economía popular y solidaria como proveedores.

Los allanamientos responden a cuestiones de forma. (I)