Taller de Comunicación Mujer, junto a la Red de Acción Lesbo Feminista, realizó un informe a nivel nacional para medir el impacto de la pandemia en las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres disidentes de Ecuador. Ellas reportaron un incremento de la violencia y discriminación en el ámbito público y privado. Lo que da muestra de una triple vulneración, por su condición de género, su orientación sexual y por el desmantelamiento de sus estrategias de sobrevivencia.

De junio a septiembre de 2021 se realizaron encuestas digitales a 405 personas de 19 provincias de Ecuador, quienes se identifican como mujeres lesbianas, bisexuales, trans, queer, pansexuales y demisexuales, con el objetivo de analizar el impacto de la pandemia en el ámbito privado y público de este grupo objetivo.

Esta investigación partió de la idea de las múltiples vulnerabilidades que viven las mujeres disidentes y cómo se profundizan en tiempos de crisis. Zeta, de la organización Generxs Diversxs, manifestó que “ya hay informes acerca de la violencia que vivimos las mujeres en este país. Se dice que 7 de cada 10 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia. Entonces, lo que nosotras hemos visto, por nuestra existencia, por la experiencia de nuestras compañeras, es que las mujeres de la diversidad viven una doble vulneración además de las violencias que nos aquejan por ser mujeres, hay unas vulneraciones, hay unas violencias específicas que vivimos las mujeres de la diversidad”.

En la esfera privada se evaluó el nivel de acceso a servicios y recursos necesarios para sobrellevar las condiciones en el tiempo de crisis sanitaria. Si bien una mayoría contó con acceso suficiente a recursos como agua, vivienda, alimentos e internet, hubo personas que reportaron acceso escaso o nulo a estos recursos.

Así, se dio a conocer que el 33,09% no accedió completamente a una vivienda. El 44,44% no accedió completamente a alimentación. El 17,28% no accedió completamente a agua. Y el 46,17% no accedió completamente a internet.

Según Cayetana Salao, coordinadora línea lesbo Feminista, muchas mujeres tuvieron que regresar a la casa de sus familiares, y en algunos casos, esto les llevó a ocultar su identidad de género. “Muchas mujeres han tenido que volver al clóset o han tenido que volver, porque ya no pudieron sostener sus viviendas, volver a los espacios familiares, y en los espacios familiares nuevamente volver al closet y tener una estética para no sufrir violencia”, expresó.

En el ámbito público, se intensificaron varias formas de discriminación, pues algunas mujeres reportaron que fueron obligadas a hacerse pruebas de enfermedades de transmisión sexual y VIH y tuvieron que modificar su aspecto físico para acceder a algunos espacios. “Si mantiene su estética o su identidad visible y empoderada también sufren violencia, se les restringe el acceso a la educación, el acceso a los servicios como de salud, recursos para desarrollar su vida”, señaló Salao.  

Además, en el confinamiento, solo el 2% de ecuatorianos pudieron acceder al bono covid-19. Fueron las organizaciones feministas y LGBTIQ+ las que brindaron asistencia humanitaria con alimentos, pues no existían medidas de ayuda para este segmento de la población.

“Para las personas de la diversidad, el organizarse, el asociarse con personas comunes les permite no solo asumir su identidad de manera libre, tiene que ver con su sobrevivencia misma. Estas personas no hubieran sobrevivido a la pandemia si no fuera por ese 12% que accedió a través de estas organizaciones, a las que se acercaron, para poder comer”, reflexionó Zeta.

Se registraron más de 30 formas distintas de violencia en el ámbito privado

La cuarentena incrementó el tiempo de permanencia en los hogares, ámbito que se identificó como uno de los primeros lugares donde sucede la violencia y discriminación. Así, varias mujeres reportaron que fueron encerradas, les impusieron asistir a psiquiatras o pastores o les sometieron a tratamientos hormonales para modificar su orientación sexual. Además, hubo casos de acoso sexual y violaciones con intenciones “correctivas”.

“Hay situaciones de coerción sumamente fuertes que tratan realmente de modificar con fuerza, con encierros en entornos como establecimientos de rehabilitación o religiosos o de psicología o psiquiatría digamos a partir de malas prácticas profesionales que buscan corregir a las mujeres”, indicó Salao y agregó que “se han dado casos de acoso sexual y de abuso sexual con esta lógica de revertir la diversidad en las mujeres desde un ejercicio del poder a través de la violencia sexual que refleja toda una cultura de la coerción que imposibilita el ejercicio de derechos en igualdad y diversidad”.

Con el objetivo de visibilizar y generar acciones frente a esta realidad, el informe fue presentado a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y del Consejo de la Judicatura.

“Nosotras quisiéramos que sí se considere que a las mujeres, por su condición de género, por su orientación de identidad o expresión de género, han sufrido violencia, se les considere como población vulnerable, más aún en situaciones de crisis. En donde la asistencia humanitaria busque una forma de enfocar la atención a poblaciones históricamente vulneradas”, dijo Salao.