A la cabeza se ubica la necesidad de enfrentar los altos índices de violencia. De acuerdo a Ipsos-Perú, el 89% de la población nacional se siente insegura en cualquier actividad que realice en la calle. El 51%, además, no halla calma en su propia casa. La seguridad, uno de los flancos más criticados en el gobierno saliente de Ollanta Humala, es para el 91% de los peruanos el asunto más urgente que las nuevas autoridades deben enfrentar.  

En reiteradas ocasiones las medidas asumidas por el gobierno han demostrado una falta de efectividad al momento de su aplicación. Son conocidos, por ejemplo, los índices crecientes de muertes por sicariato en localidades como Barranca o El Callao, este último declarado en emergencia desde mediados del año pasado. “Ha contribuido a este incremento de la violencia, la red de corrupción que permea policía y Poder Judicial: si un malhechor es atrapado, nada garantiza que sea juzgado y pague por su falta, en cambio, hay mucha probabilidad de que salga enseguida y siga delinquiendo”, apunta Jorge Wilca, especializado en temas de seguridad.

El Poder Judicial, después del Congreso, es la segunda institución con el mayor nivel de desconfianza en el país. El 79% de la población está convencido que, de tener que lidiar con la justicia, sus conflictos no recibirían un trato justo. Esto hace que, en el imaginario popular, los delitos y abusos sean vistos como un problema al que el Estado no halla solución.

Desde la caída del régimen fujimorista, en 2000, la institucionalidad en Perú ha ido de menos a más. “En el terreno de la ley parecería que siguiera dominando la informalidad, la astucia de quien la usa para su beneficio. Quizás esta es la institución más maltratada por los políticos de turno y, como eje central de la convivencia, crea una serie de inestabilidades en otras instituciones como el Congreso, o los canales para garantizar seguridad”, apunta Wilca.

Las nuevas autoridades recibirán un país atravesado por esa inestabilidad institucional. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el campo socioambiental. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, existen 214 conflictos sociales latentes en todo el territorio nacional. Entre ellos, unos 143 están directamente relacionados con temas de minería.

Casi 23 millones de ciudadanos en Perú votarán hoy por presidente, dos vicepresidentes, más de 100 congresistas y parlamentarios andinos. Los  peruanos residentes en Ecuador sufragarán en Loja y Cuenca. Foto: Tomado de tvperu.gob.pe

Los departamentos de Apurímac, Ancash, Puno y Cusco figuran como los espacios donde más están concentrados estos enfrentamientos.

“El gobierno de Humala deja un saldo pendiente con respecto a los conflictos sociales relacionados con el tema extractivo. Queda la impresión de que no han querido negociar para encontrar una salida, las respuestas desde el régimen han ido desde la imposición de la fuerza pública hasta el desprestigio de dirigentes comunales”, menciona Karla Peláez, politóloga.

Apenas en unos 78 conflictos se ha logrado establecer mecanismos de diálogo que podrían, de ser retomados por las próximas autoridades, derivar en soluciones definitivas. Pero la mayor cantidad de esas inconformidades siguen constituyendo un foco de erosión de todo el capital político del régimen humalista.

Durante la campaña electoral, que termina hoy en las urnas, las ofertas de devolver al Perú un crecimiento económico superior a 5 puntos, han sido uno de los denominadores comunes en los planes de gobierno. La gran cantidad de conflictos socioambientales, para la oposición, habría sido la causa principal de la desaceleración de la economía.

Candidatos como Alan García o Pedro Pablo Kuczynski no han dudado en tildar a la administración de Humala como deficiente.

“La caída del precio de los minerales ha mermado de forma considerable el crecimiento económico del país. Si a esto se suma la poca diversificación que nuestros productos tienen, se entiende por qué esta falta de crecimiento se ha sentido de forma tangible en las economías ciudadanas” resalta Peláez.

 El último debate presidencial, antes de las elecciones, fue el domingo pasado. Fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Lima. Analistas consideran que no hubo un claro ganador. Foto: AFP

Entre 2011 y 2012, una media de 6 puntos marcó un crecimiento acelerado del PBI de este país. Para 2014, esa cifra no superó los 2,4 puntos, significando una contracción evidente en la economía local.

Dinamizar las inversiones, canalizar fuentes de financiamiento para sostener programas sociales, son dos de los retos a corto plazo que deberán asumir las autoridades una vez posesionadas el próximo 28 de julio.

De esa condición dependerá la estabilidad en el mercado, en el que el avance del precio del dólar también tiene un espacio de atención especial. Con una cotización de 3,37 y al alza, en los últimos meses el precio de la divisa extranjera ha roto los límites a los que estaba acostumbrada en los últimos 10 años, colocándose, en los momentos más extremos, cerca del 3,50.

Todo indica que, de seguir así, el precio del dólar podría cerrar el presente año cerca de los 4 soles, una noticia poco alentadora para los pequeños y mediados industriales quienes han apostado al crecimiento a través de créditos financiados en moneda norteamericana.

Serán urgentes las medidas que se tomen para la renegociación de los contratos que el Estado peruano tiene con respecto al Gas de Camisea.

Esta campaña electoral ha servido para que candidatos como Alfredo Barnechea o Verónika Mendoza asuman esa renegociación como un paso justo con la economía peruana.

Iniciado en 1981, el proyecto de extracción de gas natural ha sido espacio de discordia entre quienes creen que el contrato actual resta ganancias al país, y quienes defienden esas utilidades para la empresa privada.

Los ojos de la población se han centrado en lo que harán las próximas autoridades sobre este tema. (I)