La mañana del lunes un grupo de ambientalistas ambateños solicitaron en el Tribunal Único de Garantías Penales de Tungurahua, una acción de protección a la naturaleza, con el fin de proteger las riberas del río Ambato.

Específicamente en el tramo al interior del parque El Sueño, barrio Ficoa, donde la Municipalidad estabiliza los taludes a un costado del emblemático y apacible afluente.

En la parte alta de las riberas existen viviendas, una gasolinera, negocios y la concurrida avenida Las Dalias, sobre la cual la entidad también estabilizó un importante tramo de paredones.

Durante la audiencia, dos delegados del Cabildo y dos de los ambientalistas presentaron argumentos a favor y en contra de un replanteamiento del proyecto.

“No estamos en contra de la obra, empero pedimos que el Municipio considere los daños que causa el retiro de la vegetación endémica. Fruto de esto varias especies de aves, anfibios, reptiles, entre otros animales propios del lugar, se han quedado sin hogar y con ello se ha afectado la belleza paisajística de las riberas del río”, argumentó Diana Garcés, consultora ambiental.

Foto: Roberto Chávez / El Telégrafo

Además, la especialista defendió la medida que el grupo ecologista solicita, basada en los artículos 71, 72, 73 y 74 del capítulo séptimo de la Constitución, en los que se habla sobre los derechos de la Pacha Mama.

En la audiencia -junto con Garcés- estuvieron biólogos y activistas en favor de la naturaleza. Ellos apoyan el pedido de Garcés y desaprueban ciertos trabajos, como el de la alteración de elementos del afluente.

“Es el caso del retiro y cambio de ubicación de piedras con las que se han levantado muros de escolleras; esto conlleva una modificación del caudal y cauce, así como efectos colaterales en tramos posteriores”, aseguró José Luis Garcés, abogado de los ambientalistas.

Foto: Roberto Chávez / El Telégrafo

Resolución
Los representantes del Cabildo sugirieron al juez a cargo del proceso declarar improcedente el pedido de acción de protección, ya que no existen pruebas de una violación a los derechos de la naturaleza.

“La estabilización de los taludes se realiza para salvaguardar la integridad de los habitantes del sector; para ello se cuenta con todos los parámetros técnicos requeridos”, dijo Fabián Ushiña, procurador síndico del Municipio.

Tras una hora de argumentaciones, el juez decidió que en el lapso de 8 días, contandos desde el martes, una delegación conformada por cinco partes recorra el lugar de los trabajos y emita un informe sobre los posibles daños al entorno, entre otra información.

Dicha comisión, integrada por delegados del Ministerio del Ambiente (MAE), Secretaría del Agua, Dirección Municipal de Obras, contratistas del proyecto y los ambientalistas, estará presidida por el representante del MAE.

El documento, además, incluirá datos sobre estado de las viviendas circundantes y opiniones de los propietarios.

El grupo ambientalista y representantes del Municipio, junto con el delegado del MAE, deberán acudir al Tribunal de Garantías Penales para una nueva audiencia, el 1 de mayo a las 14:30. (I)