Los trabajos de estabilización de taludes en la ribera oriental del río Ambato, en el sector del parque El Sueño, continuarán como hasta ahora pese a las objeciones de un grupo de ambientalistas tungurahuenses.

Hace varias semanas los preocupados ciudadanos, representados por la consultora ambiental Diana Garcés y Gerardo Nicola, solicitaron en la Unidad Especializada de Garantías Penales de Tungurahua, una acción de protección a la naturaleza por considerar que la obra perjudica la flora y fauna del lugar.

La petición se realizó tras varias inspecciones de los ambientalistas, junto a delegados del Municipio de Ambato, entidad ejecutora del proyecto, y Secretaría Nacional del Agua (Senagua), entre otras instituciones, al lugar de la intervención.

La continuidad de la estabilización de taludes la determinó el juez de Garantías Penales, Carlos Altamirano Dávila, quien la mañana del miércoles 3 de mayo desechó la solicitud de los demandantes.

“La resolución se emite debido a que no se ha demostrado la existencia de violación de garantías constitucionales del medio ambiente, por parte de la Municipalidad de Ambato como lo argumenta el legitimado activo (parte demandante)”, dijo Altamirano durante la comparecencia de hace dos días.

De este modo la obra, que al momento presenta un avance superior al 50% y tiene un costo de $ 552.127, no será interrumpida y avanzará de acuerdo al plazo de ejecución establecido por el Municipio.

Comisión técnica
La diligencia del miércoles constituye la segunda parte de la audiencia única en este caso, que se inició el pasado 23 de abril. Aquel día el juez a cargo suspendió la audiencia para solicitar una valoración por parte de una comisión de cinco integrantes, a fin de analizar las supuestas afectaciones que los trabajos habrían provocado al medio ambiente, entre otras tareas.

La comisión estuvo compuesta por representantes del Ministerio del Ambiente (MAE), Senagua, Dirección Municipal de Obras, contratistas del proyecto y los ambientalistas, siendo la delegada de esta primera entidad quien presidió la comisión y entregó el informe al juez.

“El principal antecedente de este proceso es que la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) emitió un informe sobre la alta vulnerabilidad que existe en el margen derecho del río Ambato, en la calle Las Dalias”, explicó la delegada del MAE, quien prefirió no identificarse.

Añadió: “Así, se entiende que los trabajos se iniciaron a fin de precautelar la seguridad de quienes allí residen, empero no hubo la coordinación adecuada con Senagua para la adquisición de permiso para intervención en el cauce del afluente”.

En esta última parte se hace referencia al cambio de ubicación de algunas piedras del río, las cuales fueron utilizadas para el levantamiento de muros de escolleras.

Esto, a decir de los ambientalistas, perjudica en gran manera al normal flujo del recurso hídrico.

“Si bien el cambio de ubicación de una roca en una fuente de agua puede parecer algo sin importancia, es más grave de lo que se piensa. En algunos casos esto ha provocado filtraciones, lo cual afecta la estabilidad de estructuras cercanas, esperemos esto no pase en el margen de nuestro río”, dijo el biólogo Adrián Soria.

En tanto la consultora ambiental Diana Garcés explicó que el grupo al que representa no descarta una futura apelación de la sentencia y que solicitarán respuesta a la falta de permiso de Senagua que faculte al Municipio a trabajar en el cauce.

Conclusiones
La comisión técnica integrada por 5 partes emitió un informe con tres conclusiones. La más significativa, la mínima afectación que provocó la estabilización de taludes en el medio ambiente, lo cual es susceptible a remediarse con un plan de acción.

“Esta sentencia de rango constitucional determina que no existe violación de derechos constitucionales, así se demuestra que el Cabildo trabaja con el único fin de precautelar el bienestar de la población”, precisó Marco Lara, jefe de litigios de la municipalidad ambateña.

La segunda conclusión justifica la obra con el informe antes mencionado de la SGR, y finalmente se explica que el plan de acción de la entidad ejecutora tiene algunas observaciones, las cuales deberán ser subsanadas y analizadas por el MAE. (I)

La comisión técnica conformada por cinco partes justifica el proyecto municipal con un informe de vulneración de la zona emitido por la SGR. Foto: Roberto Chávez / El Telégrafo