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Parqueaderos y terrenos son usados para instalar restaurantes móviles

Los dueños de food trucks apuntan a zonas privadas

Los dueños de food trucks denuncian que los arriendos en las zonas particulares son excesivos.
Los dueños de food trucks denuncian que los arriendos en las zonas particulares son excesivos.
Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo
19 de noviembre de 2016 - 00:00 - Wilmer Torres Peña

La aplicación de la resolución municipal A028 para el funcionamiento de los food trucks (camiones de comida) en el Distrito Metropolitano, obliga, según los dueños de algunos de esos negocios, a desplazarse a ‘puntos ciegos’ y a espacios privados.

El reglamento emitido el pasado 10 de octubre, estableció que los interesados en un área de trabajo en la ciudad debían participar en un sorteo que se efectuó el 28 de octubre.

La Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad informó que 84 de los participantes resultaron favorecidos. El siguiente sorteo se realizará en diciembre. Quienes resultaron ganadores ya comercializan sus productos en los puntos para los que se postularon. Sin embargo, consideran que los espacios autorizados por el Cabildo son ‘puntos ciegos’ o escondidos, es decir, lugares con reducido movimiento peatonal y vehicular.

Edith Paredes, presidenta de la Comunidad Ecuatoriana de Food Trucks, señala a las calles Finlandia y José Correa (cerca del Olímpico Atahualpa) como ejemplos de esos ‘puntos ciegos’.

Asegura que en esta última ubicación incluso existe el riesgo de que los trabajadores de las gastronetas sean asaltados, debido a “que el sitio específico está abandonado”.

Paredes denuncia que el Municipio nunca les reveló los puntos exactos donde estarían ubicados si es que resultaban ganadores del sorteo. “Cuando fuimos a ver el lugar, nos dimos cuenta de que no era lo mejor para nuestro negocio”.

Tal decisión, motivó —según ella— a que se rechace la propuesta y haya quienes eligieran espacios privados, tales como estacionamientos, para funcionar.
Álvaro Maldonado, secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad, respondió sobre el origen de esos supuestos ‘puntos ciegos’.

Resaltó que la elección de los espacios públicos obedece a un estudio técnico que busca que no se afecte a la comunidad ni a antiguos negocios, que no se altere el tráfico ni el inmobiliario público, entre otros elementos. “Hemos hablado con los interesados para que nos den opciones para nuevos espacios, siempre y cuando cumplan con las características (de la normativa)”.

Ángel Ch. (nombre protegido), ganador en el sorteo, indicó que en su nuevo espacio, situado en el centro-norte de Quito, no obtiene las mismas ganancias de antes. “Las ventas han bajado en 30%; veamos qué pasa luego”.

Maldonado afirmó que uno de los problemas de los food trucks es que operaban antes de que se emitiera la resolución.

Algunos de los problemas se originan, por ejemplo, por la matrícula y por el uso de vehículos modificados, los cuales no tienen aprobación. Sobre este tema, dijo Maldonado, no es el Municipio el que da los permisos, sino la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la norma Inen.

“La resolución es para quienes ocupan el espacio público. Aquellos que no se acogen a ella, pueden operar en espacios privados, sin afectar el espacio público”. Para ello, deben obtener la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) como si se tratara de establecimientos de comida.

Paredes señala que la normativa influyó en el crecimiento de plazas o espacios privados. Dijo que debería existir control municipal en estas zonas, debido a los altos precios, especialmente en arriendos.

La presidenta tiene información de que dueños de plazas (lotes baldíos, parqueaderos, etc.) realizan cobros, por renta, de hasta $ 1.500 mensuales.

Maldonado aclaró que el Cabildo “no puede controlar los costos de los arriendos de los sitios particulares”, salvo en el caso de viviendas.

Francisco Dávila, dirigente de una plaza  de 10 gastronetas en la avenida República, indicó que un inversionista que busque ingresar a este lugar debe cumplir varios requisitos, como un abono mensual (por arriendo) de $ 600 (más IVA) y un pago único de $ 1.500 para adecuar el espacio, en el cual antes funcionaba un parqueadero.

A pesar de esos valores, los negocios privados han aumentado, especialmente en Cumbayá, Tumbaco y en el norte de Quito. Por su parte, los vecinos de esos espacios denuncian que algunos camiones de comida provocan ruido con música y motores; también se quejan por la acumulación de basura y por la inseguridad que atraerían, especialmente durante las noches. (I)

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