Andrés Mazabanda ha dedicado 8 de sus 45 años a la extracción de materiales pétreos en la zona de Catequilla, ubicada en la parroquia San Antonio de Pichincha.

Ello le ha permitido construir una modesta vivienda en el mismo sector y adquirir una camioneta. Tras el cierre de las canteras que operaban en el área por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos el 13 de agosto pasado, actualmente el único ingreso económico de su familia es el que provee su esposa (María Carmelina Aneloa) de la venta de comida. Pero incluso esa fuente de recursos habría disminuido pues, según María Carmelina, sus principales clientes eran las más de 100 personas que trabajaban en la mina San Catequilla. “Se les conocía, se les fiaba y pagaban cada quincena o cada mes. Ahora recorremos San Antonio en la camioneta tratando de vender algo”, señaló la mujer.

Andrés relató que antes trabajaba como albañil, pero que prefiere la labor en las canteras porque es más sencilla y, además, es un ingreso fijo. “Antes, cuando se terminaba una construcción, uno podía quedarse 2, 3 meses sin trabajo. Mientras aquí (señaló el ingreso de la cantera) se gana cada semana”.

Los Mazabanda forman parte de las familias a las que afectará la decisión, anunciada esta semana, de prohibir de forma definitiva las actividades extractivas en una zona de 901 ha alrededor de Catequilla.

La noche del miércoles, la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha convocó a una reunión a los representantes del sector minero, del transporte de materiales de construcción y comunidad en general, para tratar el tema de los efectos derivados de la medida.

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De acuerdo con los afectados, la actividad minera representa más del 75% de los ingresos económicos para la parroquia rural.

Alex Troya, presidente del gobierno parroquial, propuso a los representantes de cada gremio crear mesas de diálogo con el fin de proponer soluciones a las autoridades.

Añadió que el incumplimiento de las normas técnicas y ambientales ha sido responsabilidad de quienes ejercen la minería y de quienes transportan el material pétreo.

Eduardo Burbano, vicepresidente del Transporte Pesado de San Antonio, mencionó que su gremio quiere ser parte de la solución. Y puso como ejemplo que están dispuestos a tomar mejores medidas al movilizar el material pétreo como nivelar el volumen de la carga, cubrir con carpas más resistentes el material y someterse a mayores controles por parte de las autoridades.

En tanto, representantes de las canteras aseguraron que 6 de sus miembros viajaron a Zamora para entrevistarse con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para buscar una solución al tema.

Por otro lado, personal de la Intendencia de Policía de Pichincha efectuó ayer operativos de control de precios en 8 canteras del Distrito como Píntag, Pifo, Nayón y Lloa. Estas zonas son consideradas alternativas de abastecimiento de áridos (ripio, arena, molones) ante el cierre decretado de las canteras de San Antonio.

Adicionalmente, la Intendencia pidió a los dueños de las minas que la próxima semana le hagan llegar sus listados de precios. Estas medidas buscan evitar la especulación.