Personal del Ministerio del Interior, de la Agencia de Regulación y Control Minero y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se reunió ayer para coordinar el proceso de cierre temporal de las canteras que operan en las parroquias Pomasqui, San Antonio de Pichincha, Calacalí y Puéllaro.

El anuncio de la suspensión de las actividades mineras lo realizó Javier Córdova, viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, la noche del miércoles en las instalaciones del ECU911 de Quito.

Esto luego de que se activara el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial para cooperar con las autoridades municipales en la remediación de los efectos del sismo de 5,1 grados que ocurrió a las 14:57 del martes último.

De hecho, el propio alcalde Mauricio Rodas pidió anteayer al Gobierno Central que disponga la “inmediata suspensión de las labores de las canteras y explotaciones de material pétreo y áridos de Pomasqui y San Antonio”, para precautelar la seguridad de la población de la zona ante la eventual repetición de movimientos telúricos.

El pedido se realiza porque aunque en mayo de 2012 se resolvió traspasar las competencias de control en esta materia de manos del Ministerio del Ambiente al gobierno local, el proceso todavía no se ha completado y la jurisdicción la mantiene el Estado central.

En San Antonio operarían unas 19 canteras que proveen de material árido a la ciudad de Quito. Y aunque el deslave ocurrido en la zona de Catequilla a consecuencia del sismo de esta semana no fue producto de la actividad extractiva, las autoridades temen que ante un nuevo evento de este tipo, pueda ocurrir una tragedia.

“La suspensión se da puesto que existen canteras que realizan actividades de explotación en la parroquia San Antonio de Pichincha y hay concentración de fallas (tectónicas) en dicha zona; y que su actual operación determina la necesidad de una revisión exhaustiva de esas canteras para que se cuente con las validaciones que permitan y garanticen una explotación segura sin que esta afecte a la ciudadanía”, se establece en el documento del COE provincial en que se determina la medida.

De hecho, existen precedentes de problemas, e incluso tragedias ocurridas a causa de la ejecución de minería ilegal en la zona cercana a la Mitad del Mundo.

Así, un alud destruyó 14 viviendas y afectó, en total, a 22 en el barrio Santa Rosa de Pomasqui en octubre pasado. Esto porque una tormenta de alrededor de 20 minutos caída en aquel mes, arrastró alrededor de 3.000 m³ de material desde una cantera cerrada de manera antitécnica hasta la población.

A las 15:00 de ayer, funcionarios del Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), Recursos Naturales No Renovables, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Fiscalía, Policía Nacional, Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Ejército se desplazaron hacia los sectores de Alcantarillas (Calacalí), Caspigasi y Tanlahua para suspender las operaciones a fin de prevenir nuevos deslizamientos de tierra.