Existen dos formas en que la gerencia de la empresa, inclusive el contribuyente persona natural, puede gestionar el manejo de sus impuestos: de forma preventiva o reactiva. Esta última, que parece ser la preferida de los ecuatorianos, al final del día resulta más onerosa, ya que demanda la contratación de auditores y abogados para afrontar procesos de fiscalización, reclamos administrativos e incluso procedimientos judiciales, sin excluir los riesgos de delito tributario. Solo en lo que va del año, el SRI ha recaudado más de $ 53 millones en intereses y multas.

La gestión preventiva de riesgos tributarios, en lo que son impuestos generales, seccionales y aportes a la seguridad social, tanto en el cumplimiento oportuno (declaraciones, formularios y anexos) como en la cantidad correcta, ayuda a mejorar la relación con la administración pública, además, reduce las contingencias (sanciones, multas, intereses y recargos) y genera un ahorro en el costo de litigios administrativos y judiciales.

Todo empieza con generar un cambio en la cultura organizacional y en la revisión y levantamiento de información de los procesos que tiene la empresa, para identificar los puntos que generan riesgo tributario; para luego levantar un perfil de los operadores que generan riesgo a la empresa; como por ejemplo identificar posibles proveedores que la administración los considere empresas fantasmas, ficticias o inexistentes; de igual forma los riesgos que se tiene al contratar con empresas del exterior con domicilio en paraísos fiscales.

A mi entender, son tres hechos, dos locales y un internacional, los determinantes en una gestión preventiva de riesgos tributarios como una prioridad en la empresa ecuatoriana. Primero, el catastro de empresas fantasmas elaborado por el SRI (caducidad de 6 años); luego la jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de Justicia (2016) sobre la prevalencia de la sustancia económica y prestación efectiva de la prestación de servicios y transferencia de bienes; lo cual ha generado que la responsabilidad recaiga sobre el contribuyente formal, mas no en el evasor o informal.

A nivel internacional, los países generan legislación sobre buenas prácticas y cumplimiento cooperativo, que obliga a las empresas a evaluar si sus proveedores o clientes pagan impuestos en sus países y si cumplen con sus obligaciones laborales y de protección al medio ambiente. (O)