La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó con ocho votos a favor y cinco abstenciones el informe para segundo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario, propuesto por el Ejecutivo para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

De esta manera el texto irá para su discusión del pleno del parlamento la próxima semana.

En el tratamiento de esta normativa, los legisladores incorporaron cambios en dos ejes fundamentales referentes a la tabla de aportes de empresas y personas, y la creación de una contribución a empresas que tengan domicilio en paraísos fiscales.

El proyecto del Ejecutivo  proponía que las personas naturales que realicen actividades económicas paguen una contribución humanitaria sobre el promedio mensual de sus ingresos por un plazo de nueve meses y que se cobraría a quienes tengan un ingreso mensual desde $ 500.

Pero la comisión reformó este cálculo y fijó el aporte para aquellos que ganen desde $ 2.500, quienes aportarán a esta cuenta una tarifa básica de $ 137. Este monto se incrementará de acuerdo a la tabla de ingresos y llegará hasta los que perciben entre $ 20 mil y $ 50 mil, quienes aportarán $ 2.762.

Asimismo, para el caso de las sociedades que realicen actividades económicas y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta, pagarán una contribución del 5% calculada sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2019, siempre que la misma haya sido igual o mayor a $ 2,5 millones.

La propuesta del Ejecutivo fijaba esta tarifa a las ganancias a partir de $ 1 millón.

Según el detalle emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la aplicación de la medida abarcaría a 489 empresas, con lo que el Estado obtendría $ 47 millones.

El vicepresidente de la comisión, Homero Castanier, indicó que se abstuvo de votar  a favor por cuanto considera que la ley es impositiva y la comisión solo realizó reformas de forma y no de fondo.

Aclaró que a pesar de los cambios, esta ley permitirá recaudar alrededor de $ 700 millones que ingresarán a la cuenta humanitaria. Por ello enviará un informe de minoría para que se debata en el pleno.

El asambleísta César Rohón, del Partido Social Cristiano (PSC), tampoco apoyó el informe porque dijo que se introdujo a última hora una transitoria que no fue discutida en la Comisión y la considera confiscatoria.

La Transitoria Decimoquinta señala que debido a la crisis económica producto de la pandemia, por esta única  vez y durante un año, el funcionario ejecutor del Servicio de Rentas Internas podrá emitir medidas cautelares de congelamiento de  cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.

Para la iniciación de  los procedimiento de coactiva y luego de emitidas las medidas cautelares el funcionario ejecutor deberá iniciar el proceso en un plazo no mayor a 30 días.

La asambleísta Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática y que conforma el Bloque de Integración Nacional (BIN), comentó que está de acuerdo con la ley y que las empresas en paraísos fiscales hagan la contribución temporal que se recogerá una sola vez.

Pero avizoró un panorama complejo en la discusión de la ley en el pleno, pues hay posturas contrarias, por lo que considera que se propondría una votación artículo por artículo antes de aprobarla.

La coordinadora del bloque de Alianza PAIS (AP), Ximena Peña, indicó que respaldan la propuesta del Ejecutivo: “ninguna bancada puede oponerse a darle una salida a la grave crisis que está enfrentando el país”. Para que la ley sea aprobada se necesita  el voto de por lo menos 70 asambleístas. (I)