El presidente de la República, Lenín Moreno, envió este martes 9 de junio de 2020 a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, normativa que pretende enfrentar el impacto de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El Ejecutivo hizo 32 objeciones a la normativa aprobada por el pleno, el pasado 12 de mayo.

El Primer Mandatario señaló que la norma tiene 4 objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción y asegurar la provisión de servicios. Insistió a la Asamblea en dar una respuesta positiva.

En el área de educación, el documento plantea que tanto en los centros de desarrollo infantil, instituciones particulares, fiscomisionales y municipales, como en los del Sistema de Educación Superior otorguen rebajas del 25% en el cobro de sus pensiones.

Los padres de familia que accedan a este beneficio deberán presentar documentación que verifique su situación de desempleo o de disminución de ingresos.

De manera excepcional, el Gobierno entregará ayudas mediante compensaciones monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo.

El documento señala que en 30 días, a partir de la promulgación de la ley, se deberán emitir reglamentos para la implementación de educación virtual en el país. Además no está permitido el incremento de los servicios básicos, desde la vigencia del estado de excepción hasta seis meses después. Se incluyen los servicios de telecomunicaciones e internet.

Así como que las empresas de servicios públicos no podrán suspenderlos por falta de pago, hasta por 30 días posteriores a la fecha de entrada de vigencia de esta ley, para lo cual los clientes o abonados deberán solicitar acuerdos de pago.

En cuanto a la seguridad social, se dará facilidades de pago por parte de los empleadores que mantuvieron cerrados o no tuvieron ingresos durante el estado de excepción y no pudieron pagar sus obligaciones correspondientes a marzo, abril, mayo y junio de 2020. Los pagos serán sin cobro de intereses, multas, ni recargos; no se generará responsabilidad patronal.

Un objetivo esencial

La reactivación económica sin duda es uno de los objetivos que prioriza el Ejecutivo en el veto a esta propuesta; es así que las entidades del sistema financiero deberán otorgar créditos directos, desembolsos rápidos, plazos largos y tasas preferenciales.

Desde abril a diciembre de 2020 otorgarán créditos del tipo comercial ordinario, productivo o microcrédito, superiores a $ 25.000. Se consideran también más incentivos tributarios para que instituciones del sistema financiero otorguen créditos productivos y refinancien o reestructuren los créditos actuales.

Acuerdos laborales

Este fue uno de los puntos más complejos en la ley, por lo tanto se corrige la interpretación de la fuerza mayor para asegurar que no existan abusos. Al mismo tiempo que se busca preservar las fuentes de trabajo y que no se cierren los negocios.

Se garantiza que los acuerdos laborales no puedan reducir el salario básico, ni ser ajustados. Acuerdo de la jornada por hora pasa de 2 años (como lo aprobó la Asamblea) a un año, prorrogable por un año adicional. Es de resaltar que se fortalece el teletrabajo y se garantizan los derechos de los trabajadores.

La parlamentaria Wilma Andrade, de Izquierda Democrática (ID), dijo que le parece interesante el acuerdo respecto del salario, el cual no podrá afectar el salario básico ni sectorial.

Señaló que la norma vetada deja claro y establece una indemnización si se hace mal uso del artículo 169, que trata de despidos de fuerza mayor, pues ahora existe una sanción. “En el tema laboral hay un mejoramiento, pero la norma nos permitirá tener precisiones mayores”.

El legislador Homero Castanier, de CREO, comentó que el cambio sustancial del proyecto se encuentra, precisamente, en el tema de los acuerdos laborales, puesto que se rebajan los contratos emergentes a dos años y no a cuatro. “Lo veo positivo, la ley viene mejorada”.

La Asamblea tiene 30 días para analizar la propuesta

La norma deberá regresar a la Comisión de Desarrollo Económico, la cual es dirigida por el legislador de Alianza PAIS (AP), Esteban Albornoz. La mesa legislativa tiene 30 días para analizar el veto parcial enviado por el Ejecutivo. Será en el pleno de la Asamblea donde se vote tanto en allanamientos o en la ratificación del proyecto.

La objeción parcial significa que el Jefe de Estado estima que parte de la propuesta de ley debe ser cambiado. Para la votación se requiere un quórum mínimo de la mitad de los integrantes de la Legislatura.

Uno de los puntos que fueron objetados es que las pensiones para los expresidentes no se cancelen, en especial a aquellos exmandatarios que no hayan concluido su periodo por las causales dispuestas en la Constitución y por haber sido sentenciados en delitos como cohecho, peculado y otros. (I)

Los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico recibieron las objeciones al proyecto de normativa; deben analizarlas en 30 días. Foto: Cortesía Asamblea.