Con 74 votos afirmativos, 59 en contra y cuatro abstenciones se aprobó la noche de este viernes 15 de mayo, el texto final del proyecto de ley humanitaria para combatir el covid-19, que envió el Ejecutivo el pasado 16 de abril.

Para esta votación estuvieron presentes los 137 legisladores que conforman la entidad parlamentaria.

Luego de recogidos los aportes en el segundo debate en el Pleno se eliminó el capítulo referido a las contribuciones solidarias especiales que el presidente Lenín Moreno solicitó que sea retirado, ya que por este no había consensos en el parlamento.

Además se incorporaron las sugerencias indicadas por los 72 asambleístas que participaron del debate definitivo.

El asambleísta Esteban Albornoz, de Alianza PAIS (AP) y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que preparó el informe, aseguró que se tomaron en cuenta casi todas las recomendaciones, lo que permitió mejorar la propuesta que beneficia a los más afectados por la pandemia, preserva los empleos y ayuda a la reactivación económica.

De esta manera, la Asamblea participó en la construcción de este instrumento legal, a pesar de que estuvo en riesgo por la resistencia de los bloques como el Socialcristiano y de la Revolución Ciudadana.

Estas bancadas compuestas por 16 asambleístas y 31 respectivamente, se opusieron radicalmente.

A pesar de que el informe para segundo debate recogió los aportes sugeridos por los asambleístas en el primer debate, durante la discusión final los legisladores correístas expresaron que iban a votar por archivar la ley.

En esta línea Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), expresó durante el segundo debate que la normativa estaba plagada de errores de fondo y forma y que su partido no apoyará la aplicación de impuestos.

Durante los debates, la parte más atacada fue el capítulo primero de la propuesta,  que normaba contribuciones solidarias. Ante ello, en el informe para la segunda discusión se se planteó que la entreguen las personas que reciban remuneraciones superiores a $ 2.500 mensuales y que las empresas que hubieran ganado en 2019, más de $ 2,5 millones, aporten el 5% de esas ganancias.

Esto motivaba también la oposición del bloque de Creando Oportunidades (CREO), de 18 integrantes.

Luego de que el Presidente solicitara la eliminación de las contribuciones del proyecto de ley, la declaración encarriló el debate de esa bancada a favor de la normativa, pues según exclamó Jeannine Cruz, de CREO, apoyarán toda ley que beneficie a las familias del Ecuador que necesitan ahora estabilidad laboral.

Legisladores del bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) integrado por ocho asambleístas, fueron más propositivos. Eliseo Azuero, ex Izquierda Democrática, dijo que se debían integrar a la normativa beneficios directos a las provincias amazónicas.

Asimismo, Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), aseguró que apoyaba la ley pero había que mejorarla. “No es una opción el archivo, nuestro Bloque de Integración Nacional (BIN) lo componen 12 colegas, pero los seis que pertenecen a Pachakutik no apoyan la ley”.

El anuncio del Jefe de Estado para generar diálogo en favor de mejorar la ley, no hizo mella en los correístas que empezaron a atacar el capítulo cuatro que se refiere a la sostenibilidad del empleo.

Es decir, una vez que se eliminaron las contribuciones, que era el punto más complejo y donde no había consensos, buscaron otro punto para no apoyar la propuesta.

Marcela Holguín, de Revolución Ciudadana (RC), argumentó que la ley dispone nuevos acuerdos contractuales donde el empleador no pagará horas extras. Por ello manifestó su oposición y la necesidad de retirar este capítulo o votaría en contra.

Finalmente, la normativa integró al articulado medidas como las de prohibir el incremento de las tarifas de servicios básicos durante un año; además dispone la rebaja del 10% de esos servicios a las personas de bajos recursos.

Asimismo ordena la reprogramación del pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero de crédito.

Al personal de salud que fue contratado durante la pandemia se le otorgará nombramientos.

Albornoz enfatizó que se hicieron mejoras en la redacción en lo que tiene que ver con la estabilidad de los trabajadores, tomando en cuenta las sugerencias del asambleísta Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG).

La normativa se enviará al Ejecutivo para que ejerza su derecho al veto luego de que entrara en vigencia. (I)

María Paula Romo: “Salvar empleos debe ser prioritario”
En una entrevista este viernes 15 de mayo en Ecuavisa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la decisión de presidente Lenín Moreno de pedir a la Asamblea que elimine del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario las contribuciones, uno de los puntos de mayor complejidad que no apoyaban especialmente los bloques del Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero (PSC-MDG), Creando Oportunidades (CREO) y Revolución Ciudadana (RC).

“Confiamos en que se aprueben ambos proyectos, los dos que la Asamblea probablemente votará el día de hoy (ayer); tiene todavía unas 48 horas para pronunciarse”, dijo la Ministra.

Asimismo destacó que ambos proyectos son importantes: Ley de Finanzas Públicas y el de Apoyo Humanitario. “Es un componente de contribución, de recaudación, pero también tiene un componente que es el corazón de la ley que tiene que ver con la posibilidad de llegar a acuerdos; si no podemos llegar a acuerdos las empresas van a optar por despedir porque no van a llegar a acuerdos con acreedores, arrendatarios, empleados”.

Precisó que las pequeñas y grandes empresas necesitan llegar a convenios para poder postergar sus pagos, para reprogramarlos, para ajustarse mientras pasa la parte más critica de la crisis. ”Sacrificamos algo que es muy importante porque la falta de recursos también es una realidad, la recaudación, y concentrémonos en lo que parece tener un consenso, que no haya pretextos para rechazar la ley”.

Salvar empleos debería ser la prioridad -señaló- y eso es lo que el Presidente ha escogido en la Ley Humanitaria.

Sostuvo que la Ley de ordenamiento de las Finanzas públicas “nos debería también dar un respiro para tener recursos, para poner en orden la casa; lo hemos intentado hacer durante estos tres años, lo hemos logrado en alguna medida”.

Citó el caso de Colombia y Perú que han accedido a dos líneas de crédito cada una de más de $ 10 mil millones, con independencia de sus propias reservas. “Cuando queremos acceder a créditos en condiciones similares nos dicen: que tenemos que poner la casa en orden, que no podemos tener un caos en nuestras finanzas, es razonable; sin embargo, la Ley de Finanzas no obtuvo el respaldo de la Asamblea anoche”. (I)