El proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su tratamiento, fue modificado en alrededor del 70% por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico.

La noche del lunes 27 de abril, con ocho votos a favor y cinco abstenciones, la mesa legislativa aprobó el informe de dicha normativa para su primer debate.

El documento fue enviado al titular de la Asamblea, César Litardo, quien convocó a sesión virtual del pleno para este jueves 30 de abril, a partir de las 15:30.

El asambleísta de Alianza PAIS, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que recibieron una norma con 48 artículos, pero enviaron un proyecto con 64 artículos.

Mencionó que la normativa fue mejorada, ya que tuvo más de 100 aportes y observaciones por parte de los asambleístas, sumados a  los de los sectores empresariales, trabajadores, expertos económicos y otros.

Una de las propuestas acogidas fue la del Frente Unitario de Trabajadores, que planteó aumentar de $ 500 a $ 720 el monto base del salario para la contribución por parte de los empleados en relación de dependencia.

“Tratamos de acoger la mayor cantidad de propuestas, muchas son coincidentes, sobre todo, en las compensaciones”, dijo Albornoz.

Entre ellas, la comisión incluyó la reducción de pensiones educativas, en al menos 20%, y el compromiso para que el Gobierno entregue ayudas, mediante compensaciones monetarias o no monetarias, para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo a las diferentes niveles del sistema educativo.

También se incluyó el tema de la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato.

Al respecto, el asambleísta del movimiento SUMA, Guillermo Celi, mencionó que esto permitirá que las personas que arriendan puedan diferir sus pagos.

“Además, protegemos a las personas de grupos de atención prioritaria que están en calidad de arrendadores, para que lleguen a un acuerdo con el dueno del bien”.

Sobre el aporte del 5% de empresas con utilidades superiores al millón de dólares, los parlamentarios coincidieron que sea con base en el ejercicio fiscal 2019 y no de 2018 como orginalmente planteaba la norma.

Sobre el destino del fondo de la cuenta especial, Albornoz mencionó que se definió que esos recursos vayan para salud, alimentación y reactivación productiva; esto último con el objetivo de mantener las plazas de empleo.

También la Comisión excluyó de la contribución al sector de salud.

Sin embargo, el legislador del Partido Social Cristiano, César Rohón, propuso que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por estar en primera línea de la emergencia, también sean excluidas de estas aportaciones.

Pese a ello, enfatizó que la Ley Humanitaria se mejoró radicalmente, ya que ahora es “un proyecto estructurado y trabajado”. (I)

El Gobierno Nacional y la AME se reúnen hoy
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mantendrá hoy una reunión virtual con las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

El objetivo de la sesión, que será a las 11:30, es contribuir en la toma de decisiones sobre la reapertura gradual de actividades económicas, de acuerdo con el mecanismo de semaforización, que se iniciará el lunes 4 de mayo.

En la cita se proporcionará a las autoridades locales toda la información necesaria para que hagan una valoración adecuada y definan la reactivación de ciertos sectores comerciales y productivos en sus ciudades, así como las restricciones que mantendrán.

Romo aclaró que la decisión sobre modificar o no las condiciones de movilidad en cada cantón no implica que los municipios asuman competencias de salud, orden público ni se encarguen de la emergencia sanitaria.

“Estas son (competencias) propias del Gobierno”, mencionó.

El lunes, en un comunicado, la AME manifestó que los alcaldes y alcaldesas tomarán las decisiones que sean pertinentes para precautelar la seguridad, la salud y priorizar la vida de los ciudadanos en todos los cantones.

Romo también dijo que, hasta la semana pasada, se entregó a los gobiernos descentralizados $ 91 millones. También, que el Banco de Desarrollo del Ecuador les concedió una moratoria de cuatro meses para los pagos pendientes con la entidad para que destinen esos recursos en combatir la propagación del virus. (I)