Se han producido importantes avances en el modelo de gestión en el sector Justicia, lo que actualmente ayuda, por ejemplo, a despachar con mayor agilidad los procesos.

A ello se unen los cambios en el tema de infraestructura, que va desde los edificios amplios, funcionales y apropiados, hasta los archivos y expedientes físicos organizados y digitalizados, que garantizan la transparencia y ponerse a tono con la tecnología, como sucede en otros países.

Antes, los juzgados contaban con computadoras viejas y obsoletas, pero gracias a una inversión económica adecuada, se ha logrado ponerse a tono con la tecnología, con computadoras, impresoras, servicio de internet y, sobre todo, con bases de datos que garantizan la rapidez en el  despacho de escritos y seguridad para almacenar información que ahora fácilmente puede ser vista por los abogados y usuarios, con tan solo ingresar a la base de datos de la Función Judicial, que es pública.

Además, se han implementado los casilleros y las firmas electrónicas. Con ello, los abogados no tienen que acudir a revisar casilleros físicos o ir personalmente a los juzgados a ver cómo van los procesos que patrocinan.

Gracias a los cursos de actualización de conocimientos, talleres, seminarios y demás formación académica que se imparte, por ejemplo, desde la Escuela Judicial, se ha creado una mejor conciencia en los servidores judiciales, para mejorar la atención.

A la vez, se hace seguimiento a las actuaciones de todos los funcionarios del sector y, en el caso de detectarse faltas o anomalías en el desempeño de sus labores, se abren procesos disciplinarios, que son aplicados por el Consejo de la Judicatura. Si se compara con otras épocas, eso no existía.

En la actualidad hay mayor conciencia en los servidores judiciales sobre las consecuencias si no cumplen con sus obligaciones.

En talento humano se ha experimentado un salto cualitativo: tenemos concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana. Los jueces ya no son designados a dedo o reemplazados con jueces temporales, sino que han llegado por sus méritos, con pruebas escritas y orales de conocimiento, y sometidos a la impugnación ciudadana.

Otro de los cambios importantes ese el de las unidades judiciales, las que funcionan con el sistema de pull. Antes teníamos juzgados con un solo juez y, cuando faltaba o salía de vacaciones, los escritos no se despachaban y el juicio se estancaba. En cambio, ahora se transformaron en unidades judiciales en donde tenemos más de 2 jueces; y si llega un usuario  para dejar un escrito, ya no es un juez titular sino el juez de turno quien puede despachar. Lo mismo pasa con los secretarios que funcionan bajo ese sistema en las unidades judiciales donde hay ventanillas únicas para recibir los escritos.

Ecuador ha llegado a la media regional con 11 jueces por cada 100 mil habitantes, un nivel óptimo, un progreso importante, lo que permitirá enfocar el trabajo en potenciar la tasa de resolución y tratar de eliminar la tasa dependencia que se refiere a los juicios heredados que están pendientes esperando resolución.

Por su parte, en temas como violencia contra la mujer y niñez, los juzgados están especializados y acompañados de equipos técnicos. Por ejemplo, una mujer atacada o golpeada es atendida por un equipo: sicólogo, trabajadora social, médico y defensor público, que atiende a la víctima de manera integral.

Esas son condiciones para que se tenga un efectivo acceso a la justicia, son grandes avances que se pueden visualizar.

En el área penal, uno de los proyectos más exitosos que tiene el Consejo de la Judicatura son las unidades de flagrancia, en donde existen equipos permanentes de Policía Judicial, fiscales, jueces y defensores públicos. Ellos laboran en turnos 24/7. Si deben atender un delito flagrante lo califican en el momento, lo cual ayuda a reducir la impunidad y que más delitos sean juzgados y, por ende, existan más sentencias.

Otro aspecto fundamental en la transformación de la justicia será la aplicación del Código General de Procesos (Cogep), al momento en trámite de aprobación en la Asamblea Nacional.

Esta normativa implementará la oralidad en todas las materias jurídicas, lo que dará agilidad para obtener sentencias oportunas.

El Cogep eliminará 80 tipos de procesos que rigen actualmente y los reduce a 4 vías procesales: ordinario, sumario, monitorio y ejecutivo, basado en audiencias unificadas, con litigación oral en todas las materias.

Cabe recordar que ahora existe una Mesa de Justicia, integrada por el Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública y Corte Nacional de Justicia, que básicamente delinean las políticas jurídicas en armonía, en donde se toman decisiones en todos los niveles.