La Constitución de 2008 dio paso a la construcción de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que garantice el derecho a: “Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social”.

La resistencia fue inmediata bajo el argumento de la “autorregulación” de los medios. Asambleístas de la época, como César Montúfar, dijeron que al aprobarse la ley “la libertad de expresión estará supeditada a sanciones administrativas, como multas económicas, incluso el cierre temporal o definitivo de los medios (Diario Hoy, 12 de noviembre de 2009).

Actores políticos y periodistas de medios privados la tildaron de “ley mordaza” y denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una supuesta afectación a la libertad de expresión, augurando que habría periodistas presos por delitos contra la honra e injurias. Organizaciones, como Reporteros sin Fronteras, emitieron informes al respecto: “En un año los artículos de esta ley peligrosos para la libertad de información se tradujeron en 66 ataques a periodistas”.

Más de un año después de aprobada la LOC, vigente desde junio de 2013, la Supercom ha multado a RTS con cerca de $ 60 mil, a El Universo con casi $ 90 mil, a La Hora con el equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos 3 meses, y a Extra, por reincidir, con el 10%.