Está en su casa y lee un libro de la filósofa alemana pero de nacionalidad estadounidense Hannah Arendt. Ella es increíble, dice Julio César Trujillo, flamante integrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.

Este doctor en Jurisprudencia de larga trayectoria política e intelectual, con una hoja de vida que muchos quisieran tener, habló con EL TELÉGRAFO sobre las tareas de ese Consejo.

¿Con la designación del Consejo, el país puede recuperar la institucionalidad perdida en los 10 años del gobierno correísta?
Creo que es apenas un primer paso. El trabajo que viene es sumamente complejo y lleno de riesgos porque los que pueden ser afectados no se retirarán tranquilos; se ve que están muy contentos en las posiciones que alcanzaron en la década de Correa.

¿Esta entidad transitoria abonará a la independencia de poderes, que es un contrapeso para la democracia?
Espero que el Consejo actúe con total independencia de los poderes políticos y fácticos.

¿Qué tareas tienen los siete consejeros?
En parte ya están señaladas en la consulta. Lo primero es la evaluación de las autoridades de control y luego la cesación de los funcionarios que estén en cargos bajo nuestra competencia. También  buscaremos con quién reemplazarlos. Esto es muy complejo y necesitaremos la colaboración de la sociedad civil.

¿Por qué de la sociedad civil?
En la evaluación buscaremos la ayuda de las universidades para reemplazarlos. Se requiere una valoración académica a los funcionarios que desempeñarán estos cargos. Todos ellos no solo deben ser competentes y honestos a toda prueba, sino que también necesitan la confianza de la ciudadanía.

El presidente de la Comisión Ocasional para la Consulta, Daniel Mendoza, dijo que ustedes no pueden cesar a las autoridades de control.
Nosotros sí sabemos leer y escribir. Lo que leímos y votamos el 4 de febrero fue  evaluar y, de ser el caso, cesar a los funcionarios. No es algo sin trascendencia: cumplieron o no con sus funciones de servidores públicos en atención y servicio a los ciudadanos.

Puede ser que no lo hicieron por incompetencia o negligencia. Además, si encontramos casos de corrupción de estos funcionarios, ellos tienen que ser llevados a la justicia. Los corruptos no pueden nunca manejar los negocios del Estado. La corrupción perjudica a todos los ecuatorianos.

Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, sobre quien pesa un pedido de juicio político, dijo que el Consejo no tiene atribuciones para destituirlo.
Ellos van a decir que ejercieron una función impecable de la cual se sienten orgullosos. Pero el pueblo está insatisfecho con esos organismos. Si vemos  que es por deshonestidad, incompetencia o por otro motivo tendremos que proceder coherentemente.

El Consejo de la Judicatura actuó a favor del exgobierno, dicen los abogados.
Esa es la opinión de todos los abogados, menos de los que trabajan en esta institución. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, dice que esa entidad es una mentira con la que se engañó al pueblo ecuatoriano.

Enrique Ayala Mora dice que el Consejo es un ‘Frankenstein’. ¿Debe desaparecer?
Este organismo fue creado mediante una consulta durante el gobierno de Fabián Alarcón. Fue pensado como órgano de la sociedad civil y con facultades de ver, juzgar y opinar. En la Constitución de 2008 desgraciadamente se desfiguró este organismo.

Desde ese punto de vista es un ‘Frankenstein’ porque tiene piezas de la democracia representativa y de la participativa. Correa quería controlar todos los organismos, por eso creó el engendro y le dio facultades para designar a los órganos del poder público. Eso es un verdadero disparate que debe ser corregido.
 
La idea de Correa era controlar todas las funciones y nombrar a sus amigos o afines políticos.
Eso hizo Correa. Me extraña que todavía haya ecuatorianos que crean en él. Quisiera ver qué pasa si a ellos les roban un dólar, si no ponen el grito en el cielo y piden castigo al ladrón. Pero ellos al que roba le siguen aplaudiendo. Están felices de que roben millones de dólares del pueblo ecuatoriano.

¿Qué opinión tiene sobre el excontralor Carlos Pólit, destituido por corrupción y prófugo, que grabó la conversación con el titular de Asamblea, José Serrano, y esta llegó al fiscal, Carlos Baca?
Es deplorable que gente con esa formación moral haya llegado a funciones tan altas. No debían ser ni porteros de la función pública. Correa los promovió e indirectamente los nombró.

¿El presidente del Legislativo debe renunciar?
Hay que investigar si dice la verdad o no.

¿Qué piensa del Fiscal en esa trilogía del escándalo?
Eso nos lleva a la duda sobre lo que dicen y hacen ellos. La solución es investigar.

Algunos políticos dicen que esa situación ha sido orquestada por Correa, que quiere provocar el caos, desinstitucionalizar al país y llamar a la Constituyente para cambiar las reglas.
Correa está provocando el caos en el país, es un hecho. ¿Quién cree en quién?

Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, lo descalificó por su edad.
Yo quisiera que ella llegue a mi edad y consiga que los ciudadanos le digan que es vieja pero honrada. Sí, soy viejo, pero la ventaja es que a mis 87 años no tienen nada más que decir que soy viejo. No pueden decirme que soy viejo y ladrón. (I)