La experiencia democrática del Ecuador está matizada por fraudes  electorales y dictaduras. Al retorno a la democracia, luego de la última dictadura, encontramos a Julio César Trujillo como representante (diputado) de la provincia de Pichincha a la Cámara Nacional (Congreso) y en ella integró la Comisión de Asuntos Internacionales y presidió la  misma. Me cupo el honor de acompañarle como vicepresidente y luego de reemplazarle en la presidencia.

Ecuador vivía en esa etapa,1979 - 1984, una intensa y convulsionada situación política en lo interno y graves conflictos en el campo internacional: La Guerra de Paquisha, con sus graves consecuencias de necesidad de compra de armamento para un papel disuasivo que generó endeudamiento externo e impacto general en la economía, con consecuencias sociales.

La toma de la Embajada del Ecuador en La Habana, el ingreso de la guerrilla del M19 a territorio ecuatoriano, presionada por la milicia de Colombia, que pretendía hacer de Ecuador el yunque mientras ella hacía de martillo. El conflicto centroamericano y más tarde Malvinas; sin contar las tensiones globales propias de la Guerra Fría.

La Comisión Especial de Asuntos Internacionales, liderada por Julio César Trujillo; Alejandro Carrión Pérez, vicepresidente; Julio Prado Vallejo, Aurelio Carrera del Río, Pío Oswaldo Cueva y Gonzalo Gonzales como vocales, asumió la delicada responsabilidad de estudiar con detenimiento el problema limítrofe ecuatoriano-peruano.

Esto con el objeto de examinar los objetivos nacionales que Ecuador debería mantener y las tesis y mecanismos jurídicos para alcanzar sus aspiraciones, sin interferir con la responsabilidad constitucional del presidente de la República de conducir la política internacional del Estado ecuatoriano, Jaime Roldós.

A pesar del largo proceso histórico seguido en 40 años de la imposición del Tratado de Río de Janeiro de 1942, Ecuador no había definido los objetivos nacionales en materia territorial ni había determinado el camino jurídico para alcanzarlos. Por lo tanto, lo primero que correspondía realizar en el campo internacional era señalar tales objetivos y encontrar los medios para implementarlos.

En materia de tanta trascendencia en relación con el porvenir de la República y la defensa de sus derechos territoriales, era imperativo promover un consenso nacional, a través de los organismos más representativos. En primer término, mediante un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Representantes integrada por todos los sectores políticos del país y por legisladores que habían recibido el respaldo del pueblo ecuatoriano.

Con este propósito la Comisión de Asuntos Internacionales examinó las tesis jurídicas más idóneas y fundamentadas que permitirían la defensa de los derechos territoriales de Ecuador, así como los eventuales procedimientos de arreglo pacífico y jurídico de la controversia. La falta de definición de objetivos nacionales había llevado al país en esos 40 años a una oscilación casi permanente en las tesis jurídicas y en el trato de la cuestión internacional.

Por otro lado, la Cancillería se había abstenido de tomar medidas y realizar gestiones en relación a temas territoriales pendientes que interesaban a Ecuador (al menos ocho focos infecciosos), porque podría haberse interpretado como una aceptación de la línea de facto del Protocolo de Río, situación que había dado lugar a que Perú avance a todo lo largo de esta frontera, en tanto que Ecuador, prejuiciado con ese criterio, se había abstenido de reclamar derechos soberanos que le pertenecían innegablemente aun sobre la base del Tratado impuesto en 1942 y cuyos territorios debían ser defendidos y afianzados en toda oportunidad y en toda su extensión, sin prejuicio de aspirar a la reivindicación total de lo que nos fue arrebatado por la fuerza.

Después de un detenido examen de la problemática territorial, la Comisión –presidida por Trujillo-, consideró como objetivo permanente nacional, que debía ser mantenido indeclinablemente, la reivindicación integral de los derechos soberanos del Ecuador, según sus títulos coloniales y los tratados válidamente celebrados, como lo señalaba el artículo primero de la Constitución de la República de la época (CRE1978).

La Comisión de Asuntos Internacionales tenía claro que para alcanzarlo serían necesarios muchos años de esfuerzo conjunto de trabajo serio, de planificación internacional, de robustecimiento interno, de orientación de la conciencia nacional, de preparación militar y desarrollo económico y social, encaminados a ese objetivo nacional permanente.

La coyuntura nacional e internacional en relación al tema hacían indispensable que Ecuador y Perú actúen con una nueva mentalidad y que en paz y armonía busquen el arreglo del conflicto que les dividía, a fin de iniciar una nueva etapa histórica que sin duda alguna habría de cambiar la realidad política e internacional de América del Sur. Las declaraciones del presidente Belaúnde y otras de personeros peruanos que reconocían la existencia del conflicto eran buenos augurios para intentarlo.

La Comisión Especial de Asuntos Internacionales, conociendo la trascendencia y la complejidad de los asuntos tratados, creyó que cumplía con patriotismo su deber al proponer caminos y fórmulas de arreglo de la controversia internacional. El informe de la Comisión de Asuntos Internacionales fue acogido por la Cámara Nacional de Representantes, quien expidió la resolución el 7 de octubre de 1981.

Julio César Trujillo amó la paz, buscó la solución pacífica de las controversias internacionales, trabajó por una solución justa y de dignidad nacional en el conflicto territorial que históricamente aquejó por 400 años desde los problemas de poder de Huáscar y Atahualpa. (O)

Dr. Alejandro Carrión