En su oficina particular, el doctor Pablo Dávila, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, habló con este Diario sobre el trabajo del organismo en la reinstitucionalización del Estado y sobre cómo hacer para no repetir la historia.

¿Cuáles son los errores que cometió en el Consejo Transitorio?
En mi opinión, el proceso de designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue el más satisfactorio. También el del Consejo de la Judicatura Transitorio pudo ser mejor porque siempre esperamos la acción inmediata en el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Además, creo que la organización, en general, de las comisiones ciudadanas era un tema difícil. A cualquier organismo le resulta complicado contar con el aporte y conocimiento específico que se necesita para nombrar autoridades.
 
Sobre el Consejo Nacional Electoral, ¿usted se refiere a que no debieron nombrar como presidenta a Diana Atamaint?
En realidad, no me refiero a los nombres, sino a los procesos. Creo que el proceso en el CNE pudo ser mucho mejor organizado. La actuación de los órganos no dependía de nosotros, sino de ellos.

¿El Consejo Transitorio tiene 27 demandas por todo lo actuado?
Es correcto. Son reclamos de concursantes y de personas con algún nivel de interés en los procesos. Han planteado diversos recursos de naturaleza constitucional pero, en la gran mayoría de ellos, nos defendimos de manera adecuada. En gran parte de esos casos nos dieron la razón y las demandas fueron desechadas.

¿Qué pasó con el concurso para elegir Contralor?
El Consejo Transitorio trató de hacer el concurso, pero hubo un debate nacional para transformar la Contraloría en un Tribunal de Cuentas. Nos preguntamos: ¿cuán pertinente y eficiente era empezar un concurso para designar a una autoridad que no iba a estar el plazo que manda la ley en ese organismo, sino solo hasta que se transforme en un Tribunal de Cuentas? Nos dimos cuenta de que tampoco íbamos a tener a los mejores candidatos. Por eso, nos sumamos a la discusión del Tribunal de Cuentas.

En la selección para integrar el Consejo de la Judicatura, el doctor Julio César Trujillo y usted votaron en contra de algunos de los candidatos.
Por principio consideramos que la obligación era designar a los mejores candidatos para el Consejo de la Judicatura. También las diferentes funciones del Estado podían hacer un esfuerzo mayor para seleccionar a los mejores representantes.

¿Debieron o no elegir al Defensor Público?
Creo que sí, nuestra obligación era terminar el proceso. Pero también era escoger a los mejores candidatos. Después de que los cuatro primeros salieron del proceso por diferentes impugnaciones ciudadanas, solo quedaban los candidatos que estaban abajo. Entonces, nos preguntamos si eso era pertinente y lo que necesita el país. La respuesta fue no. También teníamos un conflicto de tiempo que considerar, así que declaramos desierto el proceso.

¿Cómo ve el trabajo de la Fiscalía, cuya autoridad también fue designada por el Consejo Transitorio?
La Fiscalía requiere una importante transformación de fondo. Es necesario fortalecer la formación, capacitación específica en temas de lucha contra la corrupción y dar apoyo a la Fiscal para desarrollar las tareas. El mérito fue recuperar la independencia del Ministerio Público y espero que eso les permita actuar en la lucha contra la impunidad y los delitos que afecten el interés público del pasado, presente y futuro.

En su informe final, ¿qué recomendaciones hicieron para luchar contra la corrupción?
Hicimos referencia al Sistema de Contratación Pública, a cambios en el Código Integral Penal (COIP) y en materia coordinación interinstitucional entre la Contraloría y la Fiscalía. Y, finalmente, recomendamos un Sistema Nacional por  la Transparencia, que se considera en mesas de diálogo para el Acuerdo Nacional 2030.

¿Cómo es ese Sistema Nacional por la Transparencia?
Es imprescindible articular las gestiones en la lucha contra la corrupción en el país. El problema no es por la ausencia de normas, sino por la falta de coordinación entre todas las instituciones que luchan contra la corrupción. Sugerimos un sistema de articulación, que tiene un susbsistema en materia de educación.

Es necesario trabajar a nivel de valores y de principios éticos  en todos los ámbitos de educación. En el COIP hay que reforzar las sanciones. También las facultades de la Fiscalía en la investigación de delitos contra la administración pública.

¿Ustedes recibieron presiones?
Las presiones siempre están presentes. Esta es una de las razones por las cuales considero que la designación de autoridades no debe estar en manos de pocas personas. Debe ser objeto de una reflexión mayor y de un órgano donde haya equilibrio de poderes internos y se discuta entre muchas personas.

No depende de las personas ni de las condiciones o cualidades de ellas, sino del órgano que genera mucho riesgo. Estoy seguro de que el Transitorio hizo lo posible para que las designaciones estén carentes de intereses políticos. Pero eso no quita que el Consejo sea un órgano riesgoso.

Entonces, ¿las designaciones de las autoridades de control deben pasar a la Asamblea?
Sí, el Legislativo es el mayor órgano de la representación popular. Pero esas designaciones no pueden hacerse como en el pasado, hay que rescatar la meritocracia, la participación ciudadana directa, la veeduría y la impugnación ciudadana porque son factores muy importantes.

¿Es necesario eliminar el Consejo de Participación?
Es un tema absolutamente separado del Consejo, es parte del Comité por la Institucionalización Democrática. Hay varias personas que fueron llamadas por Julio César Trujillo para continuar una discusión sobre la misión para la institucionalización pública.

El trabajo del Consejo Transitorio es un paso en ese proceso y creemos que ha sido importante en esa línea, pero falta mucho por hacer. El comité se creó para mantener esa discusión pública y generar el debate que legitime dos cosas: luchar contra la corrupción y evitar la impunidad, que es lo que más le molesta a los ecuatorianos.  

¿Cree que lograron la reinstitucionalidad del país?
Creo que se desarmó toda una estructura creada para generar impunidad y concentrar el control en manos del Ejecutivo anterior. Ese es el aporte más importante de nuestro trabajo, que no está ligado solo a la designación de autoridades, sino a la evaluación de ellas.

Eso nos permitió establecer todo lo que hizo la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura para intervenir en la Justicia y sancionar indebidamente e injustificadamente a los jueces que no se prestaban a la voluntad del Ejecutivo anterior.

También todo lo que hizo el CNE para evitar la participación política de los rivales y opositores políticos del gobierno de Rafael Correa. Evaluamos, respetando el debido proceso, a todas esas autoridades que se prestaron para generar un clima de absoluta impunidad en el país.

No había ninguna institución que actuara de manera independiente: la Fiscalía, Contraloría, superintendencias, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, el CNE, estaban destinados a tapar los actos ilegales cometidos en el pasado y que generaron un caos de desinstitucionalidad pública en Ecuador.

¿Eso fue consecuencia del abuso de poder y del hiperpresidencialismo?
Absolutamente, el exEjecutivo decidía y mandaba en el país sin que existiera equilibrio de poderes y sin que órganos de control cumplieran con  su función. Ese fue el mayor daño que se hizo al Estado.

¿Cómo hacer para no repetir esa historia en Ecuador?
Con autoridades independientes, que se designaron en el Consejo de Participación Transitorio. Se necesita un esfuerzo muy grande en los ciudadanos para no caer más en propuestas populistas y eso no se refiere solo al expresidente Correa.

Debemos escoger a los mejores, ya nos hemos equivocado bastante y hemos visto las consecuencias de seguir a líderes carismáticos que les dicen a la gente lo que quiere escuchar.

Es necesario formar a los ecuatorianos para elegir a personas que realmente se preocupen por el manejo transparente y honesto de la cosa pública. También que sean capaces de impulsar los intereses comunes por la construcción de un país mejor. (I)