Alrededor de 18 organizaciones sociales acudieron ayer a la Asamblea Nacional para participar en el diálogo nacional sobre la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

El salón José Mejía Lequerica recibió a cerca de 700 personas que asistieron a la convocatoria de la Comisión de Soberanía Alimentaria para la última fase de la consulta prelegislativa.

El presidente de esta mesa, Miguel Carvajal, espera que en dos meses la norma regrese al pleno para su aprobación.

Contó que previo a este evento se realizaron 22 audiencias provinciales y 3 comisiones generales, donde se escuchó a pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos.

Mauricio Proaño, vicepresidente de esta Comisión, aclaró que el informe de esta cita no es vinculante.

En la visita a 22 provincias participaron 115 organizaciones. En la consulta prelegislativa se llegó a consensos y disensos en los puntos abordados. Estos fueron en torno a los derechos ancestrales, lugares rituales y sagrados;gestión y manejo ancestral; uso y administración del agua, entre otros.

Cada delegado contó con 15 minutos para presentar su propuesta. Richard Mejía, del Consejo Nacional de Organizaciones Nacionales (Conamos), destacó casos de afectaciones en las provincias. Uno de ellos fue la contaminación del río Peripa, que perjudica a las siete comunas de la nacionalidad Tsáchila.

El dirigente consideró necesario que el Ministerio del Ambiente tome acciones inmediatas para el cuidado de los manantiales y aplique sanciones drásticas a los municipios que contaminen el agua.

Dentro de su propuesta está que el Gobierno invierta en el Plan Nacional de las Arterias de Riego y Consumo.

El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) también participó en el evento. Su representante, Manuel Chugchilán, espera que con esta normativa se prohíba la privatización del agua y se fije la protección de las fuentes hídricas que nacen en los páramos, además, que se estructure la autoridad única del agua para tener derecho a participar equitativamente.

Marco Calderón, de la Federación de Organizaciones Montubias del Ecuador, denunció graves problemas de distribución del agua, por ello pidió que se priorice el riego en áreas campesinas. En el país el 85% del agua es usada para el agro.

Calderón lamentó la falta de una normativa sobre el uso del relleno sanitario, por lo que insistió en las sanciones por contaminación del agua.

El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, explicó que las 38 organizaciones que pertenecen al grupo (14 nacionalidades y 18 pueblos) tienen la predisposición de aportar a la ley.

Manifestó la importancia de desprivatizar y redistribuir el líquido vital, ya que el 1% de la población tiene el control del 64% del caudal de agua.

Cholango recordó que en 1996 realizaron una propuesta legal parecida, pero no tuvieron respuesta, por eso felicitó la iniciativa y pidió la creación de un Consejo Plurinacional para participar en las futuras decisiones.

Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, recomendó liberar las fuentes de agua que están en manos de grandes empresas internacionales. Pidió que las organizaciones sean parte del Consejo Plurinacional del Agua.

La Comisión de Soberanía Alimentaria suscribirá un acta del desarrollo de estas participaciones y luego de 10 días elaborará el informe definitivo para segundo debate.

En el texto constarán los acuerdos, mientras que los disensos estarán en un informe aparte.

Datos

Uno de los consensos en el punto de tradiciones ancestrales discutidos en la consulta prelegislativa es que la administración y conservación de los lugares sagrados la realicen entidades de pueblos y nacionalidades.

Para la gestión y manejo ancestral se resaltó que el Estado y los sistemas comunitarios son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de fuentes de agua y manejo de páramos.

Para el punto de uso y administración del agua se consensuó que los GAD y provinciales deben establecer alianzas público-comunitarias para el funcionamiento eficiente de los sistemas comunitarios de agua.

Entre los disensos se difirió que la cantidad vital del agua debe ser gratuita vs. la tarifa sostenible y diferenciada.

Dentro del derecho propio se llegó a un consenso general sobre la prohibición de toda forma de privatización del agua; así como la redistribución y reasignación equitativa de riego entre usuarios.

Para la representatividad se estableció de manera unánime que exista una autoridad única del agua que garantice el derecho humano y su condición de recurso.