Han pasado más de cuatro años desde que el pleno de la Asamblea trató la Ley de Recursos Hídricos. Hoy, luego de anuncios, amenazas, protestas y una consulta prelegislativa, el proyecto vuelve al mismo escenario.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, convocó a sus compañeros a la reanudación de la sesión 40, aquella que fue suspendida por Fernando Cordero el 13 de mayo de 2010. Esa fue una jornada difícil: grupos indígenas pugnaban por ingresar al recinto legislativo y la Corte Constitucional emitía un fallo en el que ordenaba la ejecución de la consulta prelegislativa como paso previo a cualquier votación.

Una vez que se ha cumplido con esa disposición el proyecto es retomado. La Comisión de Soberanía Alimentaria recorrió todas las provincias (excepto Galápagos), consultó a las comunidades y emitió un informe. Ese documento circulaba desde ayer entre los asambleístas.

Será a partir de ese texto que se retome la discusión. Formalmente el proyecto está en segundo y definitivo debate. Con las observaciones de los legisladores, la ley volverá a la Comisión de Soberanía Alimentaria para una edición final.

Como han pasado cuatro años hay la necesidad de aplicar ajustes, revela Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. En aquella época no existían las leyes de Participación Ciudadana y Economía Solidaria, además del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) por lo que algunos artículos sobran. (LEA EL ALCANCE AL INFORME PARA SEGUNDO DEBATE DE LA LEY DE AGUAS)

Un ejemplo es que el actual proyecto de Ley de Recursos Hídricos establece el método para conformar el órgano consultivo, lo cual ya está estipulado en la norma de Participación Ciudadana.

Luego de la edición habrá otro informe y se convocará a una nueva sesión del pleno para la votación final. De allí el proceso es el mismo: el proyecto se remitirá al Ejecutivo, quien lo podrá vetar o aprobar.

Pero durante todo este tiempo la discusión ha girado en torno a cuatro ejes.

Mandato constitucional

Ya desde Montecristi se debatía la necesidad de una Ley de Aguas, una norma que permita superar los problemas de inequidad en el reparto del recurso.

Por eso la disposición transitoria primera obligaba al Estado a aprobar en menos de un año la ley que “regule los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua”. En teoría el país debía contar con esa norma en 2009, pero los problemas políticos (falta de mayoría legislativa y oposición indígena) lo impidieron.

El mismo artículo establece las pautas de la norma. Esta debe incluir “los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión, auditorías, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio”.

Pero en general, varios artículos de la Constitución señalan los principios básicos referentes al líquido vital. “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable”, reza el artículo 12. “Es un patrimonio nacional estratégico”, agrega.

Mientras que el numeral 411 obliga al Estado a garantizar la “conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos (…) Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad del agua”.

Y el 412 indica que la “autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control”.

La problemática de la distribución

Ecuador es un país de contrastes y con el agua ocurre lo mismo. Zonas de Guayas, Los Ríos y El Oro sufren periódicas inundaciones, pero en provincias como Manabí y Carchi conseguir el líquido vital es, a veces, una proeza.

El 72% de los hogares ecuatorianos recibe el agua por red pública, reveló el censo de 2010. Y el 33% de la población bebe el líquido tal y como lo reciben. Mientras que en solo tres de cada diez familias se ahorra el agua.

En las zonas rurales se añade el problema de riego. Por ejemplo, en los alrededores de Milagro, (Guayas) se quejan porque los grandes terratenientes consumen toda el agua y dejan sin nada a los pequeños agricultores.

La consulta prelegislativa

El artículo 57, numeral 17, establece que uno de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias es “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectarlos”.

En base a eso, el 18 de marzo de 2010, la Corte Constitucional falló que la Asamblea es la encargada de llevar a cabo la consulta prelegislativa y que esta podría ser normada mediante una resolución administrativa.

Dos meses después, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) emitió el reglamento y la consulta se realizó en 2013, pero sufrió problemas porque en la discusión se colaron temas ajenos a la misma.

Con la nueva Asamblea se retomó la consulta. La Comisión de Soberanía Alimentaria organizó audiencias en 23 capitales provinciales con organizaciones de segunda base.

Luego vino la mesa de diálogo nacional, donde se aprobó la consulta y se emitió el respectivo informe.

La oposición indígena

Para el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, resulta extraña la amenaza de la Conaie de convocar protestas contra la norma.

Es cierto que en 2010 la oposición del colectivo fue férrea, pero con los años y con la llegada de Humberto Cholango a la dirigencia los ánimos se calmaron.

De hecho en varias audiencias provinciales participaron Cholango y el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez, además de la mesa nacional. De todas las propuestas que surgieron en el proceso, Proaño estima que el 95% terminó en consenso.

Sin embargo la Conaie, ahora presidida por Jorge Herrera, quiere que todas sus propuestas sean incluidas o advierten con movilizaciones.

El eje de la disyuntiva es la conformación de la autoridad única del agua, puesto que quieren que esta sea un consejo plurinacional.