Al menos 10 pedidos de ‘amicus curiae’ (amigo de la corte) recibió el máximo organismo de justicia constitucional por las 17 enmiendas a la Carta Magna planteadas por la Asamblea Nacional.

La solicitud fue presentada el 26 de junio en la Corte Constitucional (CC) y hasta ahora se registran más de 10 acciones ciudadanas en relación al tema. Los ‘amicus curiae’ (una tercera persona que puede emitir su opinión sobre un tema) serán analizados por los jueces de la CC como parte del trámite. Los jueces decidirán si los cambios se realizarán por enmienda (vía legislativa) o por reforma parcial (por referéndum).

Uno de los primeros ‘amicus curiae’ fue presentado por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a favor de la propuesta legislativa. También se pronunciaron las organizaciones políticas Concertación, Movimiento Popular Democrático (MPD) y Movimiento Creando Oportunidades (CREO). A ellos les preocupa la reelección indefinida, lo relacionado a gobiernos autónomos descentralizados y a la acción de protección. Por ejemplo, el reciente reinscrito Movimiento Concertación, a través de César Montúfar, presentó un escrito contra el proyecto de Alianza PAIS. Según su análisis jurídico de 20 hojas la propuesta puede ser procesada mediante tres formas: asamblea constituyente, enmienda y consulta popular.

El movimiento CREO presentó 5 argumentos sobre cómo se vulnerarían los derechos garantizados en la Constitución si se aprobara el proyecto de enmienda. En el documento de 6 hojas, que presentó la legisladora Mae Montaño, se detalla el análisis jurídico de 7 artículos.

Dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) refirieron, entre otras cosas, su preocupación sobre una restricción al derecho a los ciudadanos de participar de forma protagónica en asuntos públicos. Con ello exhortan a que la ciudadanía pueda demandar ante el Consejo cuando se pretenda violar un derecho de participación.

Los catedráticos Alberto Acosta y Ramiro Ávila explican que la Asamblea enfatiza en una restricción de la consulta popular, en primer lugar a los gobiernos autónomos, por ejemplo sobre la explotación petrolera. Proponen una reforma parcial.

Los trabajadores también quieren opinar y, por ello, el 17 de julio, agrupados en las organizaciones sindicales del país, como el Frente Unitario de Trabajadores, la Ecuarunari, entre otras, presentaron sus objeciones a la CC. Su preocupación se concentra en la organización colectiva y la estabilidad laboral al ser regidos por la Ley de Servicio Público.

Quienes buscan ser tomados en cuenta como terceros afectados son los integrantes del Parlamento Laboral. Cuestionan 3 de los 17 cambios planteados. Estos son los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria del inciso 3 del artículo 229 de la Carta Magna, donde dice que los obreros públicos estarán amparados por el Código de Trabajo, lo que se pide borrar.

Los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) también quieren participar. Henry Kronfle, presidente de la entidad, explicó que dentro del paquete hay 6 artículos que se pueden tramitar como enmiendas. Son: la reducción de la edad mínima para ser Presidente; la eliminación de ciertas competencias de la Contraloría; la división territorial de la gestión de la Defensoría del Pueblo; la pensión jubilar de las Fuerzas Armadas y la Policía, y la corrección de la palabra provisionales por previsionales. Esos temas no alteran la estructura del Estado.

El último en entregar un ‘amicus curiae’ fue Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, donde señala que la reelección indefinida, presentada como parte del paquete de enmiendas constitucionales, se debe tratar a través de una Asamblea Constituyente y su posterior consulta popular. Lasso argumentó que la reelección indefinida alteraría principios consagrados en la actual Constitución con el fin de limitar el hiperpresidencialismo, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la institucionalización de la democracia deliberativa, la igualdad y los derechos de participación política de las minorías.