Ecuador respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a la audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador que se desarrolla este miércoles en Bogotá, Colombia, en el marco del 167° período extraordinario de sesiones del organismo.

Desde Bogotá se informó hoy de que la CIDH lamentó que la Constitución "se haya ido de vacaciones en Ecuador", según afirmó el integrante de esa entidad Luis Ernesto Vargas durante el 167 periodo de sesiones en la capital colombiana, al que no acudieron representantes de ese Estado.

"El Ecuador, en virtud del respeto a los derechos humanos y de sus compromisos internacionales, garantiza y promueve los derechos humanos, en los planos constitucional, legal, jurisprudencial y de política pública", indica la Cancillería en un comunicado de respuesta. 

Ecuador explicó que la protección de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador se materializa a través de la adopción de un marco normativo tendiente a garantizarlos.

Recuerda que, en febrero de 2018, por primera vez en Ecuador entró en vigencia la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género Contra las Mujeres. La normativa, fruto de un proceso de participación ciudadana y del compromiso del Estado, tiene como objetivo prevenir y erradicar todo tipo de violencia en el ámbito privado y público.

En ese marco, la Ley establece la creación de un Sistema Nacional Integral que busca transformar patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, añade. 

Indica que, en efecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 ‘Toda una Vida’ reconoce "la igualdad en la diversidad de los diferentes sujetos de derechos, incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo, visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende problemáticas específicas y acciones afirmativas". 

El avance de Ecuador en la materia es "innegable" y se evidencia en la consulta popular celebrada el 4 de febrero de 2018, mediante la cual se logró la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, recalca el comunicado. 

Asimismo, señala que la normativa constitucional e infraconstitucional del Estado permite prevenir, investigar, juzgar y sancionar a quienes atenten contra los derechos humanos de las mujeres. Esta incluye un sistema investigativo que persigue el desarrollo efectivo de las etapas preprocesales y procesales a través de una debida diligencia y garantiza lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el debido proceso y derecho al recurso efectivo.

Entre las medidas destaca la creación, en 2015, de Fiscalías especializadas en materia de violencia de género y el establecimiento de protocolos dirigidos a atender denuncias vinculada a delitos sexuales y de violencia de género.

La lucha contra la violencia de género se combate a través de la denominada Cruzada Nacional contra la violencia a las mujeres y el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género y al promover el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia.

Para ello, el Consejo de la Judicatura diseñó e implementó diversas políticas, programas y proyectos tales como: el fortalecimiento del servicio judicial contra la violencia a la mujer, puesta en marcha de campañas de promoción dirigidas a combatir la violencia contra la mujer y la creación, en el período 2014-2018, de un registro sobre casos denunciados, judicializados y sentencias de delitos de: abuso sexual, abuso sexual en centros educativos, desapariciones, acoso sexual, femicidio y violencia sexual, finaliza el texto oficial. (I)