Es activista por los derechos de los colectivos de lesbianas, gais, ​ bisexuales y transgénero (LGBTI) en el país y es la vocera y promotora de campaña “Matrimonio Civil Igualitario Ecuador”, que inició el 5 de agosto de 2013 y se aprobó el 12 de junio de 2019 por una resolución de la Corte Constitucional.

Pamela Troya es la única candidata LGBTI para las elecciones nacionales de 2021. Ella  es postulante a asambleísta provincial de Pichincha por Unidad Popular (UP).

Tiene su propia página web: https://www.pamelatroya.com/ que detalla sus 16 propuestas para el Parlamento. Troya conversó con El Telégrafo sobre ese tema y su denuncia a la Fiscalía por una amenaza a muerte que recibió en su email.

Según ella, llegar a la Asamblea no es un fin, sino como un medio para luchar por los derechos humanos.

¿Por qué decidió representar a Unidad Popular?

Compartimos la misma ideología de izquierda y UP acogió todas las propuestas que elaboré de manera participativa, con representantes de organizaciones feministas y los colectivos LGBTI para trabajar reformas de ley y proyectos de género.

Ese es un compromiso que no tiene ninguna otra organización política.  Por ejemplo, la coalición CREO-Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) se opone a cerrar las clínicas de deshomosexulización que hay en este país. Mientras el legislador del PSC-Movimiento Cambio, Esteban Torres, obstaculiza las normas a favor de los derechos de los LGBTI y de las mujeres en la Asamblea.

Pensar en una candidatura por la Revolución Ciudadana era imposible, como activista de los derechos humanos, vislumbré el autoritarismo y la corrupción que vimos durante la década del correísmo; y con Alianza PAIS (AP) he sido crítica.

Usted tiene 16 propuestas, una de ellas es crear la Comisión Permanente Especializada en Género en la Asamblea. ¿Por qué plantea eso?

Había una Comisión de la Mujer, pero desapareció y eso fue un desacierto. También está el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, cuyo objetivo era involucrar a todas las bancadas en los temas de igualdad. Pero no tenía voluntad política y eso hizo perder el enfoque de género en la actividad del Legislativo.

Hay que recuperar la comisión para trabajar en los derechos de las mujeres, la población LGBTI. También debe analizar el impacto de género de todos los proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Nacional, antes de su aprobación.

¿Por qué plantea reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles?

El artículo 94 de esa ley establece que al cumplir la mayoría de edad una persona trans podrá sustituir el campo sexo en la cédula de identidad por el de género, masculino o femenino. Pero con dos testigos que acrediten su género en al menos dos años.

Es una doble discriminación contra las personas trans y atenta contra sus derechos humanos. Primero porque cambiar el género en la cédula no es igualitario y crea una categoría para las personas trans. Segundo porque atenta contra la dignidad de esas personas y de su derecho a la autodeterminación de su identidad de género que requiere de dos testigos.

También propone sancionar el acoso y la violencia en el espacio digital y toma como referencia a las leyes mexicanas Olimpia e Ingrid.

Ambas leyes mexicanas son para luchar contra la violencia a las mujeres y las personas LGBTI en las redes sociales. Esa violencia es acoso, hostigamiento, amenazas, divulgación de información privada y difusión de fotos íntimas y de contenido sexual. Se necesita una ley que penalice la violencia digital, sobre todo contra las mujeres.

También hay que sancionar a los servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite. O a los usuarios de las redes sociales exponen fotografías de procesos judiciales y de cadáveres, especialmente de niñas y mujeres.

A propósito de esto, usted fue amenazada de muerte la semana pasada y es hostigada en las redes sociales.

Fui amenazada a través un email que está en mi página web. Al inicio no lo quise tomar en cuenta, pero lo hice público en mi cuenta Twitter. Muchos me mostraron su solidaridad e hice una denuncia formal en la Fiscalía. No debemos callarnos.

La educación sexual en los colegios, que es otro de sus planteamientos, es necesaria en este país. Pero puede recibir muchas críticas.

Es inaudito que en pleno siglo XXI no exista nada de eso en la malla curricular. Una ley así sería la principal herramienta para evitar que los niños y adolescentes sean objeto de abuso. Ellos deben recibir educación sexual integral en las aulas, eso no genera ningún adelanto en su desarrollo sexual, al contrario les da herramientas y conocimiento para el autocuidado y para entender lo que les sucede.

Usted es partidaria de la adopción para las parejas LGBTI.

Hay cerca de 3.000 niños y adolescentes que viven en el sistema de acogida del Estado. Ellos tendrían una segunda oportunidad para encontrar un hogar de cuidado y amor que les pueden dar las parejas del mismo sexo. El tema no está en el derecho de las parejas para tener hijos, sino en que los hijos tengan un hogar.