Está en la frontera norte donde recorre las provincias de Imbabura y Carchi para constatar que se cumplan las medidas de prevención y protección en las casas de salud.

Este Diario habló con ella por teléfono sobre la situación de los derechos humanos en el Estado debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

¿Cómo garantizar los derechos humanos en la emergencia sanitaria?
La situación de emergencia compete las responsabilidades del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado. De esa manera se asegura que la gestión de derechos humanos facilite y abra un camino hacia la reducción de los niveles de violencia en las personas. Eso significa garantizar los derechos humanos.

¿Cómo ve usted este tema en este momento?
Las personas más sensible a la gestión de DD. HH. son las que están en condición de extrema pobreza porque se acortan sus posibilidades de acercarse a los servicios básicos. El Gobierno hace esfuerzos para que todos esos servicios básicos estén garantizados. Sin embargo, una empresa privada como Claro, por ejemplo, sigue cortando los planes de comunicación de los clientes en vez de facilitar el acceso de ellos a las familias. También tenemos el acceso a la alimentación y a la supervivencia.

El kit alimenticio es una de las propuestas de acercamiento a esa necesidad. Pero no es suficiente porque no miramos a la gente que vive en los páramos y en los campos. Eso disminuye la garantía de derechos porque ellos no pueden salir de allí debido a que las vías están cerradas. Sin embargo, hacemos  esfuerzos profundos y necesarios para que les llegue esa ayuda. Pero ese es el sector sensible.

¿Cómo están los migrantes que son un grupo vulnerable por las condiciones en las que se encuentran?
Los migrantes durante la emergencia no pueden acceder a pequeños empleos, que faciliten la sobrevivencia. Tampoco en estas circunstancias llegamos a ellos para beneficiarlos. Eso hace que los migrantes estén en la calle. He pasado dos semanas en la frontera de Carchi e Imbabura y observé que los migrantes entran por pasos ilegales, o “brochas”, como las llaman”.

A pesar de los controles quieren venir a Ecuador para buscar comida. Pero no hay quién les ayude, regresan a Colombia y allí viven en la calle. Es un grupo muy sensible, sin embargo las madres y niños menores de cinco años son los más frágiles de todo ese grupo. No hay un control sobre ellos ni ellos quieren estar encerrados en refugios; eso nos han dicho cuando fuimos con la Acnur. No podemos mantener un control sobre ellos porque salen de los espacios de seguridad.

¿La presidenta del Consejo de la Judicatura dijo que hay 23 denuncias diarias de violencia contra la mujer. Es decir, ¿la crisis no para esa violencia?
Con el ECU-911 tenemos registrados 586 llamadas de auxilio de mujeres durante todo esta crisis sanitaria. Eso significa que la violencia, no obstante la emergencia, no ha parado. En este momento tenemos un trabajo muy profundo con el ECU-911, que tiene una custodia de datos y de confidencialidad. Tenemos acceso a esa información para conocer dónde están esas mujeres y de qué lugar nos llamaron.

En la Secretaría de Derechos Humanos tenemos servicios de atención integral en 45 cantones del país que llaman a esas mujeres y ayudan con contención psicológica. También hacemos seguimiento a los casos y preguntamos qué tipo de violencia tienen en sus casas. Es un servicio personalizado y gracias a esos datos hemos dividido en zonas todas esas llamadas.

Además tenemos convenios con cinco casas de acogida y 16 centros de protección de mujeres que tienen teletrabajo y atención psicológica. Con la Fiscalía garantizamos el acceso a la justicia, a través de los espacios de flagrancia, que no se han cerrado ni paralizado. Son casos de violencia que deben ser judicializados.

¿Cuál es el protocolo que se aprobó en el COE este viernes sobre ayuda para las mujeres que son víctimas de violencia?
Es el protocolo de intervención de víctimas de violencia intrafamiliar basado en el género. Es un instrumento muy discutido porque tenemos condiciones de emergencia y se reducen las posibilidades de movilización. Buscamos que la información del ECU-911 evite esa violencia.

Nos unimos con algunas organizaciones no gubernamentales para proveer kits alimenticios y seguridad a casas y centros de acogida. También hemos dispuesto que el personal vaya a las casas de las víctimas. Debemos atender a las mujeres que sufren esas situaciones en la actual coyuntura. En esta semana hubo denuncias en contra de militares que maltrataron  a los infractores del toque de queda.

En momentos de emergencia y crisis la sociedad tiene que responsabilizarse sobre un acto primordial que también implica el derecho de los otros. Esto significa que no salgamos, sobre todo en la Costa donde el riesgo es absoluto. Ya no sabemos quién está enfermo o sano y si salen exponen a otras personas. La gente todavía no lo entiende; la cultura social es tan arraigada a la desobediencia e indisciplina que hace difícil los actos de contención. Pero con esto no justifico la violencia de nadie ni de nada.

El ejercicio de la fuerza siempre tiene que ser medido entre ecuatorianos. La situación de la Costa es crítica y todo debe ser en el marco de una consciencia individual y colectiva. No podemos jugar con la vida de las personas; nos piden que  nos quedemos en casa y eso significa asumir responsabilidades. Exhortamos a las Fuerzas Armadas a conducir a las personas con las palabras.

¿Pero qué les dice a las Fuerzas Armadas?
Confiamos en que las FF. AA. generen apoyo a la seguridad y soberanía del país, confiamos en su doctrina y compromiso con Ecuador, los ecuatorianos y la sociedad civil. Al mismo tiempo, no olviden que ese compromiso tiene un efecto inicial que significa acompañar a la sociedad con respeto, solidaridad y el compromiso de mejorar cada vez más ese círculo de la relaciones humanas.

¿Qué piensa de las agresiones de los ciudadanos hacia  policías, agentes municipales y de seguridad?
Creo que todos vimos cómo un ciudadano en Otavalo casi arrolla a un agente de tránsito. Los agentes del orden también sufren vejámenes. Pero en ese caso el ciudadano reconoció su acto y asumió su responsabilidad. Los  derechos de las personas son iguales para todos e implican también asumir responsabilidades.

Este es el momento más álgido de la emergencia porque vemos dónde están las personas que se han contagiado. Es como si ya floreció la pandemia y no podemos darnos el lujo de esperar más personas infectadas. Ya no hay hospitales para la contención ni médicos que puedan avanzar de manera psicológica ni humana. Hay que comprender en el marco de los derechos humanos que se necesita el equilibrio para sanar a la sociedad.

¿Cuál es la explicación a ese comportamiento en Guayaquil o en algunos sectores de Quito donde la gente sale a pesar de las sanciones?
Hay la sensación de un espejismo social. Es decir, ese pensamiento de que a mí no me va a llegar el coronavirus. O dicen “de algo me voy a morir, pero me voy al bingo o a la fiesta, y si me muero será de algo”. Esos son criterios de ese espejismo social que es parte de nuestra cultura.

Esto nos obliga a reflexionar sobre el hecho de que la emergencia está cambiando nuestra forma de pensar y nuestros hábitos sociales. Las lecciones que nos deja la pandemia deben ser la solidaridad, el respeto, la disciplina y la consciencia. Ha sido muy complejo y tan difícil; hemos aprendido con dolorosas pérdidas humanas.

¿Qué implica el Estado de excepción para un país?
El Estado de excepción en emergencia sirve para pulir  necesidades como organizar, ordenar y normar a la sociedad para evitar daños y riesgos mayores. Eso facilita el estado de emergencia que han adoptado casi todos los países del mundo. (I)