Por más de una hora el exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, fue interrogado por los integrantes de la Comisión de Justicia sobre aparentes irregularidades en su declaración patrimonial, sobre supuestas conexiones con empresas offshore constituidas en paraísos fiscales, y sobre su relación con el extitular de la petrolera, Álex B., actualmente procesado por el delito de tráfico de influencias.

La comparecencia de Pareja forma parte de las indagaciones que desarrolla la Comisión, a propósito de la investigación de los Papeles de Panamá, divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Al ser cuestionado sobre nexos con firmas offshore en Panamá, Pareja  negó poseer este tipo de compañías, asegurando que se trata de coincidencias y que le sorprendió ser mencionado en los Papeles de Panamá.

También negó tener conocimiento o sospechas de los supuestos actos ilícitos cometidos por Álex B. durante los años que laboró en Petroecuador. Al exfuncionario se lo investiga por supuestas irregularidades en la asignación de 140 contratos a tres compañías en las que están vinculados sus familiares, quienes tendrían firmas offshore en Panamá.

Esto porque en medio de las indagaciones apareció el nombre de la firma CAPAYA, domiciliada en Panamá, cuya directora sería la esposa de Álex B., a lo cual Pareja insistió que es una casualidad que dicha empresa tenga su nombre.

La asambleísta Marisol Peñafiel (AP) se mostró sorprendida por las respuestas. “Aunque no conocía las actividades presuntamente ilícitas de Álex B., creo que en su calidad de Ministro sí debió haber tenido algunos mecanismos  de control sobre, por ejemplo, la información privilegiada y los procesos de contratación pública y de manejo de más de $ 1.000 millones que estuvieron a cargo de Álex B.”, cuestionó la legisladora, consultando, además, las razones que motivaron a Pareja a nombrar a Álex B. titular de Petroecuador.

Sobre lo último, el exministro sostuvo que designó a Álex B. por su hoja de vida profesional y por su trayectoria dentro de la empresa pública. Respecto a la parte contractual, se deslindó de responsabilidades manifestando que “el gerente de Petroecuador (...) no firma todos los contratos ni tiene conocimiento de todos los contratos, ni tampoco de todos los accionistas de las empresas, porque no es un requisito”.

Los asambleístas de PAÍS, Mauro Andino y Christian Viteri, se refirieron a una casa supuestamente adquirida por Pareja  en Guayas y que no constaba en su declaración de bienes.

Aquello también fue negado por el exfuncionario. Dijo que la casa no era suya, pero sí el terreno y que el bien pertenece a una empresa de sus hijos.

Viteri entonces preguntó si hizo una donación a sus hijos, a lo cual Pareja  respondió que sí. El legislador repreguntó si pagó el impuesto a la donación y Pareja  contestó “yo pienso que sí, debo haber pagado”.

Para el asambleísta existen irregularidades en la declaración juramentada de Pareja, pero según el exministro esto se debe a un préstamo hecho para la misma casa en referencia.          

Al finalizar, los comisionados indicaron que continuarán con sus investigaciones y no descartaron volver a convocar a Pareja para que responda sobre sus acciones. (I).

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Venta de Teleamazonas fue ficticia

Superintendencia de Bancos solicitó apoyo a Panamá

El superintendente de Bancos, Christian Cruz, asistió también a la Comisión de Justicia de la Asamblea para explicar las acciones de control que emprende la entidad con las instituciones financieras relacionadas con paraísos fiscales.

Cruz solicitó a su similar de Panamá un listado de los accionistas que, como personas naturales, han comprado acciones de bancos domiciliados en ese país. Recordó que la ley dispone la desinversión en instituciones bancarias ubicadas en naciones consideradas como paraísos fiscales. Esto ya estaría sucediendo con la subsidiaria del Banco del Pacífico localizada en Panamá, aseguró.  

En otro tema, Cruz habló sobre la comercialización de Teleamazonas. La sentencia de primera instancia, dijo, da la razón a la Superintendencia en cuanto a que hubo una venta ficticia del medio de comunicación.

Si bien la venta se concretó, explicó que la transacción se realizó a través de un fideicomiso “que lo que hacía era permitirle al constituyente original que todavía tenga la posibilidad de injerir en el canal y que, en el caso que no se paguen esas acciones, le regrese su propiedad”, expuso Cruz.

Agregó que si un trabajador salía del canal no era propietario de las acciones porque en el contrato de fideicomiso este le indicaba a quién debía vender las acciones. Cuestionó que esta figura jurídica, a través de las instrucciones dadas por su constituyente, decida a quién se debía vender. “El fideicomiso ha sido el nuevo beneficiario de esas acciones”.

La sentencia declaró nulo el fideicomiso y otorgó un plazo de 90 días para que se efectúe una venta real. (I)