En 2050 se prevé que aproximadamente 2.000 millones de personas tengan más de 60 años. Por el envejecimiento de la población es necesario implementar urgentemente  políticas dirigidas a este sector.

A pesar de ser una problemática omnipresente, la discriminación relacionada con la edad es un perjuicio poco concienciado en la sociedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el edadismo se refiere a la existencia de estereotipos y conductas discriminatorias hacia las personas en razón de su edad.

Por tal motivo, las Naciones Unidas proclamó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad para concienciar sobre la contribución de este grupo etario a la sociedad y los problemas y retos que afrontan los mayores.

Existen distintos tipos de valoración social que reciben estos ciudadanos en la actualidad y esto cambia de acuerdo al país, cultura o condición económica y social a la que pertenezcan.

En América Latina, señala la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos progresistas se encargaron de llevar a cabo políticas para mejorar y atender las necesidades sociales de esta parte de la población adulta mayor.

Algunos ejemplos son el acceso a la seguridad social y el sistema de jubilaciones y pensiones, que han contribuido a mejorar la calidad de vida de ellos.

De los países de la región, las personas adultas mayores que tienen una jubilación más temprana son los brasileños. En este país, los hombres dejan de trabajar a los 54 años y las mujeres a los 51.

En Venezuela, por su parte, la edad para acceder a ese beneficio es de 55 años las mujeres y 60 años los hombres, mientras que en Colombia para jubilarse deben llegar a 57 años las féminas y 62 los hombres.

En Uruguay tanto varones como mujeres acceden a la pensión al llegar a los 60 años. Esto también aplica para las damas en Chile y Argentina, mientras que los hombres de estos dos países deben esperar hasta los 65.

En Ecuador para jubilarse del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 40 años de servicio (480 imposiciones) sin límite de edad. De 0 a 30 o más años de servicio (360 imposiciones) y 60 o más años. De 0 a 15 o más años de servicio (180 imposiciones) y 65 o más años. De 0 a 10 o más años de servicio (120 imposiciones) y 70 o más años.

Según un análisis del Banco Mundial, el 65% de la población latinoamericana está en edad para trabajar, pero hasta 2050, la población mayor de 65 años se triplicará.

Este cambio demográfico tendrá efectos sobre la productividad de estos países, por lo que será difícil satisfacer el aumento de la demanda de los servicios públicos como salud o jubilación en aquellos países con economías de mediano o bajo ingreso.

¿Qué se debe hacer? La OMS plantea impulsar una vida sana para las personas mayores como un aspecto capital. Actualmente la población de edad avanzada del Brasil asciende a 14 millones de personas, poco menos del 8% del total de 195 millones, pero para 2050 se prevé que alcanzará los 49 millones, lo que supone un aumento del 300%.

Los desafíos por el envejecimiento poblacional son para todos los países de la región.

En el caso de Ecuador del 6,7% de población de adultos mayores en la actualidad se pasará a 7,48% en los próximos 10 años.

El seguro social deberá, entonces, cubrir a más de 400.000 personas jubiladas. (I)

Protección social para un sector muy vulnerable

Según la OMS, Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández, destacó como uno de los países de la región con mayor avance en políticas gerontológicas.

Fue una prioridad del Estado argentino elaborar la Convención de Derechos para Personas Mayores, porque se consideraba necesario que haya un instrumento jurídicamente vinculante que protegiera a esta población vulnerable.

El Ejecutivo de Fernández priorizó políticas dirigidas a personas mayores como el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), principal obra social que atendió a un total de 4,5 millones de personas mayores. Además, implementó el Plan Nacional de Acción para las Personas Mayores 2011-2016, entre otras iniciativas.

Venezuela ha logrado que el 83% de las personas de la tercera edad estén incluidas en el sistema de pensiones del Estado, lo que representa más de 3 millones de adultos mayores.

Cuba, por la creación del Sistema de Atención a la Familia (SAF), no solo  atiende a personas con discapacidad severa o algún tipo de limitación, sino que también se benefician personas de la tercera edad.

Ecuador, señala el organismo mundial, a través del Gobierno de la Revolución Ciudadana, impulsa una política integral para la inclusión a través de acciones, como ‘Casas del Buen Vivir’, y mediante el aseguramiento no contributivo que beneficia a 67.330 personas que reciben una pensión permanente del Estado. (I)