La desigualdad de género es una problemática propia del sistema socioeconómico. Durante siglos, bajo el régimen de la Colonia y posteriormente en la República, ha prevalecido una estructura de poder y cultura que colocó a las mujeres en situaciones de desventaja al negarles derechos y libertades e imponérseles pautas de convivencias patriarcales.

En los últimos años se ha producido una convergencia entre la agenda del Estado y las agendas de las organizaciones y movimientos de mujeres, las mismas que se encaminan a fortalecer la institucionalidad pública con mecanismos y políticas que permitan, a las y los ecuatorianos, avanzar hacia la igualdad y no discriminación de género.

En la época de la Revolución Ciudadana, la sostenibilidad de la vida de las mujeres es el núcleo y eje de las estrategias políticas para alcanzar la igualdad de género. Es en esta línea de cambios, en donde las fuerzas, ideas y acciones progresistas se ubican tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, desmantelando así patrones socioculturales que sostienen las desigualdades.

Este accionar dio vida a la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014 - 2017,  valioso insumo construido con la activa participación de distintas mujeres y personas que pertenecen al grupo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) del país.

La construcción fue participativa. Para su consolidación se realizaron eventos de consulta, encuentros de diálogo político con alcance zonal y encuentros nacionales con enfoque intercultural en varias ciudades de la Sierra Centro y de Galápagos. En un segundo momento se desarrollaron talleres con diversos grupos de mujeres y se recopilaron  elementos que surgieron de los Diálogos para el Buen Vivir en el tema de género.

Importancia de la agenda

En este proceso, el actual Consejo Nacional para la Igualdad de Género  y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) trabajaron en conjunto en la construcción de la agenda, instrumento técnico y político cuyo objetivo principal es efectivizar el cumplimiento de los derechos y la transversalización de la igualdad de género en el país. Esto a través de la vinculación del mecanismo especializado con las entidades rectoras y ejecutoras de la institucionalidad pública, mediante un elenco de políticas de igualdad que se orienten hacia la acción pública intersectorial, sectorial y territorial, contribuyendo a la erradicación de la pobreza, de las desigualdades, discriminaciones, exclusiones e inequidades de mujeres y personas LGBTI.

Se enfoca en garantizar principios de igualdad y no discriminación, de tal forma que las mujeres ejerzan sus derechos en igualdad con los hombres, fortalezcan su ciudadanía y desarrollen sus capacidades en libertad y autonomía. Además se propone el fortalecimiento de programas de alfabetización para mujeres, así como su retorno femenino y de grupos GLBTI a las instituciones educativas superiores. Se promoverá la igualdad de oportunidades en el área laboral, educativa y de salud, y se garantizarán los derechos ciudadanos.

Estructura de la agenda

El documento está estructurado en 5 capítulos: el primero contiene el marco referencial que incluye el marco conceptual, el marco jurídico y la articulación de la agenda a la planificación nacional. En el segundo capítulo consta un breve resumen de los 9 ejes de trabajo: violencia, salud, educación, comunicación, ambiente, producción, empleo, entre otros temas, que fueron debatidos durante meses por movimientos de mujeres y grupos LGBTI.

El tercer capítulo presenta el diagnóstico, las políticas y los lineamientos. En el diagnóstico se visualizan las brechas de inequidad y desigualdad de las mujeres y personas LGBTI; así como una aproximación a las causas que las estructuran y los avances de la política pública en la temática.   

En el capítulo cuarto se aborda la estrategia de transversalización de la agenda, implicaciones, atribuciones y articulación, tanto en el espacio sectorial como en los territorios, para la necesaria coordinación con las distintas funciones del Estado y niveles de gobierno, conforme al mandato constitucional y las demandas de los sujetos de derechos históricamente discriminados.

El último capítulo aborda las metas e indicadores, la evaluación presupuestaria de gestión y la observancia.