Dos economistas han asumido la dirección de una de las instituciones más estratégicas (y de mayor incidencia) en el Ecuador: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Ahora, le corresponderá a un sociólogo que desde el inicio de este Gobierno se vinculó a dicho espacio como subsecretario de Reforma Democrática del Estado, profundizar lo que siempre han planteado como objetivo central: recuperar el rol planificador y regulador del Estado ecuatoriano.

¿Qué tipo de Estado fue el que recibió este gobierno y por qué la necesidad de transformarlo?
Recibimos un Estado desastroso por varias razones, pero básicamente, por la concepción que había sobre él, pues se partía de la idea de un Estado mínimo, que no debía intervenir ni tener capacidades de planificación, regulación y redistribución. En esas condiciones, me integro a la Senplades en 2007 y planteamos una transformación profunda del Estado, que tiene que ver con que este es importante, en la medida en que su modelo de desarrollo así lo determine. Lo que estaba en juego era un cambio en la correlación de fuerzas de poder y en el régimen de acumulación. Por lo tanto, estos dos elementos exigían una institucionalidad distinta.

¿Qué tipo de institucionalidad?
El Estado que recibimos era caótico en términos de la organización. Había instituciones que, según el grado de cercanía a la presidencia, tenían más poder. No existía una diferenciación funcional. Entonces, lo que hicimos fue ver qué instituciones cumplían qué funciones y de ahí definimos las instancias que debían coordinar (ministerios coordinadores), otras tenían que ejercer la rectoría de la política (ministerios sectoriales) y otras, gestionar los sectores estratégicos (empresas públicas). También era necesario que existan institutos de investigación y agencias de regulación y control.

¿Cuál es la importancia de incluir el eje institucional a la planificación?
A la discusión de los objetivos de desarrollo que establecimos en el Plan de 2007, le incluimos el eje institucional. A Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando visitó el Ecuador, le presentamos el Plan, y felicitó la inclusión de ese eje, pues decía que el debate sobre el desarrollo no podía estar aislado de la discusión institucional, y eso es lo que hemos venido haciendo. El plan que nos hemos propuesto para este nuevo periodo es la hoja de ruta para alcanzar el Socialismo del Buen Vivir. Hay que trabajar en la excelencia, la eficacia y la eficiencia. No nos peleamos con la palabra eficacia o eficiencia, pues buscamos un Estado moderno y dinámico.

Uno de los objetivos que se ha planteado es acercar el Estado al territorio, ¿cómo se logra?
La revolución se hace desde los territorios, para lo cual, hemos impulsado dos elementos fundamentales: la desconcentración, que implica que los ministerios operen adecuadamente en los territorios, y la descentralización, que significa que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cumplan adecuadamente sus competencias. Nuestra entrada al territorio ha sido más integral, tanto desde ministerios, como desde los GAD.

¿Qué limitaciones se han detectado en los territorios, para que el acercamiento del Estado sea una de las principales aristas de la planificación?
Un problema estructural que tenemos en en el país es la asimetría en las capacidades. No es lo mismo Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, que otras ciudades más pequeñas como San Lorenzo, Putumayo, Paján, Sigchos. Debemos nivelar las capacidades. Por otra parte, está la corresponsabilidad. No hemos encontrado la responsabilidad que se requiere para tener una perspectiva integral de Estado. Es por ello que en el Plan del Buen Vivir 2013-2017, nos planteamos como meta erradicar la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, y ese indicador tiene temas como el agua potable y el alcantarillado. Esas son competencias de los municipios, entonces, tienen la corresponsabilidad de trabajar para abastecer esos servicios.

¿De qué manera se monitorea el cumplimiento de esas metas?
Una de las características de nuestra planificación es hacer seguimiento y evaluación. Entonces, el tema de definir metas es fundamental porque nos permite monitorear cómo van avanzando los planes. Los resultados son favorables, tanto para el Plan 2007-2010, como para el 2009- 2013, y lo son, porque hay el cumplimiento de algunas metas, como ha sido la reducción de la pobreza , que disminuyó 10 puntos en este periodo de Gobierno (de 37% a 27%). También hemos tenido resultados positivos en la disminución del desempleo.

¿Y qué sucede cuando una meta no es posible de medir?
En este nuevo plan que estamos por lanzar, hemos ganado mucha experiencia. Cuando un ministerio nos plantea un indicador, lo primero que le preguntamos es si lo podrá medir, si está seguro que tiene las fuentes para verificarlo y si el indicador tiene estándares internacionales. Un elemento importante en el plan es que tenga los adecuados mecanismos de verificación. Además, hay que destacar que apelamos por el Buen Vivir. Sin embargo, las estadísticas del país con las que contamos fueron estructuradas con una concepción más clásica y conservadora, donde para el desarrollo, solo es importante el crecimiento económico.

¿Y cuál es la nueva métrica con la que se debería trabajar?
Nos hemos planteado como reto cambiar la actual métrica y establecer una más cercana al Buen Vivir. La visión clásica del desarrollo se ajustaba al crecimiento, pero la pregunta fundamental es cómo se utilizó ese crecimiento. Por lo tanto, para nosotros, lo importante es saber si ese crecimiento fue redistributivo y si ayudó a disminuir o aumentar la pobreza. De todas maneras, seguimos trabajando con una política un poco convencional. El reto para estos cuatro años es tener una métrica que considere a los espacios de tiempo libre, de encuentro común, y temas sobre juventud, equidad y género.

Otro de los ejes que se han planteado es poner énfasis en los mecanismos de regulación y control del Estado, ¿qué implica este objetivo?
El antecedente para esto es que el Estado había perdido sus facultades de planificación, regulación, rectoría, control y distribución de los recursos. Lo que hemos hecho es recuperar esas facultades planificando adecuadamente la política pública. Sin embargo, no hemos utilizado en su totalidad la capacidad de regulación y control del Estado. En la Senplades hicimos un estudio que concluía que a penas se está utilizando el 25% de la capacidad regulatoria. Por lo tanto, el reto en estos próximos cuatro años es utilizar al máximo el potencial de regulación del Estado.

¿Este aprovechamiento del rol regulador del Estado significa que se crearán más instituciones de control o superintendencias?
Por ejemplo, cuando se apruebe la Ley de Aguas o de Ambiente, se tendrán que crear superintendencias para cada una de esas áreas. Y, seguramente, cuando se aprueben los derechos de defensa del consumidor, tendremos que crear una superintendencia de servicios públicos. Sin embargo, ya tenemos instituciones de regulación y control, como Agrocalidad, que impone medidas fitosanitarias para que los productos importados cumplan estándares de calidad. Por otra parte, el Ecuador ha importado una cantidad considerable de automóviles, para lo cual, debemos poner estándares de control. Es decir, que solo ingresen automóviles eficientes en el consumo de energía, con GPS, que no tengan pinturas de plomo. En este sentido, no hay que crear más instituciones, sino utilizar y potencializar las que ya tenemos.

Ustedes han planteado un monto de 47 mil millones de dólares de inversión para estos próximos cuatro años, ¿es sostenible ese valor?
Sí. En estos seis años y medio de Gobierno invertimos, en promedio, el 12% del PIB, y la inversión de los 47 mil millones para los próximos cuatro años se aproxima a ese monto. Por lo tanto, debemos continuar con una inversión del orden del 11% y 12% del PIB.

¿Cómo se financiaría esa inversión?
Como la venimos financiando: con nuestras exportaciones, con la venta del petróleo y con una mejora en los niveles de recaudación tributaria, de la cual, tenemos buenos resultados, no necesariamente por un aumento de los impuestos, sino por una menor evasión y una mayor progresividad en el cobro. También habrá financiamiento externo, pero solo cuando sea estrictamente necesario, y si se lo hace, será con responsabilidad

¿Cuáles son los proyectos emblemáticos para este nuevo plan?
Para el Plan 2013-2017 necesitamos que la ejecución sea mucho más efectiva y eficiente, pues hemos diseñado dos grandes estrategias nacionales: la erradicación de la pobreza y el cambio de la matriz productiva (liderada por la Vicepresidencia) que, fundamentalmente, implica tener una nueva forma de producir y también de consumir. Seguimos siendo una economía dependiente de la exportación de bienes primarios como el banano, el camarón y el petróleo, y lo que necesitamos es una economía de mayor valor agregado. Para eso, necesitamos fomentar industrias básicas y los sectores estratégicos, así como un mayor componente del sector industrial en la economía.

¿Y en cuanto a las estrategias para erradicar la pobreza?
La secretaría para la erradicación de la pobreza está a cargo de la Senplades. Hoy estamos invirtiendo más de 5 mil millones de dólares en programas relacionados con este tema. Los resultados tendrían que ser mejores de los que ya se han obtenido. Uno de los elementos que busca esa estrategia es la concreción de los programas sociales con una oferta de política pública específica para cada territorio. Nos dimos cuenta de que la política universal, como la de salud o la de educación, es para todos, pero adicionalmente, haremos una intervención específica en los territorios con temas de capacidades, de agua potable, de inclusión económica y de generación de ingresos.

Finalmente, ¿bajo cuáles principios se elaboró el Plan 2013-2017?
El plan tiene 1.095 lineamientos estratégicos y 12 objetivos nacionales que se agrupan para consolidar un Estado democrático para el poder popular, garantizar los derechos y libertades del Buen Vivir, y la transformación económica y productiva. Nos planteamos un proceso de cambio de la sociedad y para que eso sea sostenible, necesitamos un poder que lo sostenga. Ese poder es el poder popular, con una ciudadanía empoderada de sus logros, éxitos y conquistas. Por lo tanto, la ciudadanía debe convertirse en garante de ese proceso de cambio que vivimos.