Por Jessica Andrade Campaña, Coordinadora General de Empresas Públicas-Senplades

El posicionamiento exitoso de las empresas públicas ecuatorianas es el resultado de la transformación y recuperación profundas del rol del Estado. En las últimas 3 décadas, se había desmantelado las capacidades estatales de regulación, redistribución y planificación, para dar paso a las supuestas apertura y liberalización del mercado.

Las medidas de ajuste estructural de los ochenta y la agenda neoliberal que se impuso desde 1992, detuvieron la intervención del Estado. En un escenario de presión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los gobiernos de turno debilitaron intencionalmente a las empresas públicas para privatizarlas. Un ejemplo fue el Fondo de Solidaridad, titular de las acciones del sector eléctrico y de telecomunicaciones, que por ley tenía prohibido reinvertir en las mismas. De esta manera, se las condenaba a quedar atrapadas en el peor de los mundos, con una pésima legislación, cada una construía su propia ley, con recurrentes escándalos de ‘piponazgos’ y ‘latisueldos’.

A partir de 2007, con la Revolución Ciudadana, se puso fin a la anarquía en la que se desenvolvían estas instituciones públicas. Como era necesario un nuevo marco legal, tras la aprobación de la Constitución de 2008, se promulgó la Ley Orgánica de Empresas Públicas en octubre de 2009, posibilitando que recuperen su rol protagónico en los distintos planes nacionales para el Buen Vivir.

La Constitución establece su propósito: la prestación de servicios públicos, la gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y bienes públicos y otras actividades asumidas por el Estado.

Estos proyectos permitirán, entre otras cosas, sustituir la energía proveniente de combustibles
fósiles por una generada de manera limpia y disminuir la importación de combustibles.

 La ley que establece a estas empresas contempla, entre otros aspectos: contribuir al desarrollo humano y Buen Vivir de la población ecuatoriana; promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado; actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, y en la comercialización de sus productos derivados, preservando el ambiente; precautelar que los costos socioambientales se integren a los costos de producción, y preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 reconoce a las empresas públicas como agentes de la transformación productiva y rescata su rol en el aseguramiento de la soberanía y eficiencia en la gestión de los sectores estratégicos. Con ellas, no solo se pretende generar renta extractiva, sino también potenciar la reconversión productiva hacia una sociedad del conocimiento y desarrollar industrias básicas para generar empleo y encadenamientos productivos con el sector privado nacional. Sirven de ejemplos las áreas metalúrgica y petroquímica.

Ahora, el Ecuador muestra un escenario distinto al neoliberal. Las empresas públicas están alejadas de la privatización, su gestión moderna y eficiente las posiciona como poderosos actores del desarrollo económico e industrial del país. Actualmente contamos con 28 empresas creadas por el Ejecutivo y 4 subsidiarias. De las 32, 16 se enmarcan en los sectores estratégicos, y las restantes corresponden en su mayoría al sector productivo. Otras están en el sector social, talento humano y seguridad.

Cambio radical en la matriz energética

En este artículo me referiré a las empresas públicas de los sectores estratégicos que contribuyen al cambio en la matriz energética como las del sector eléctrico en su fase de generación. Por ejemplo, los megaproyectos hidroeléctricos —aquellos de energía limpia y amigable con el medio ambiente—, como Coca Codo Sinclair (1.500 MW), cuyos estudios estuvieron archivados durante años y que ahora está en construcción.

En ese marco están en marcha otros proyectos como Delsitanisagua (115 MW), Manduriacu (60 MW), Mazar Dudas (20.82 MW), Minas San Francisco (270 MW), Quijos (50 MW), Sopladora (487 MW), Toachi Pilatón (253 MW) y el eólico Villonaco (16.5 MW), este último ya está operando. El gráfico 1 muestra las hidroeléctricas de mayor potencia.

Todos esos proyectos están a cargo de empresas públicas como Celec EP y Coca Codo Sinclair EP y permitirán sustituir la energía proveniente de combustibles fósiles por una generada de manera limpia, lo que supone disminuir la importación de combustibles y, por tanto, mejorar la balanza de pagos del país. Además, implica un cambio radical de la matriz energética.

En 2012, la estructura de generación eléctrica era 53,6% hidráulica, 45,1% térmica y 1,3% de otras fuentes renovables (eólica, biomasa, solar). En el mismo año, la capacidad instalada de energía hidráulica fue de 2.237MW mientras que la demanda nacional bordeaba los 4 mil MW. Es decir, con la operación de la central Coca Codo Sinclair y las otras plantas en construcción, se espera que para 2016 el Ecuador tenga un superávit de generación hidroeléctrica que nos permitirá exportar energía limpia. En 4 años contados a partir de 2012, la producción hidráulica pasará de 54% aproximadamente a 80%, dependiendo de cómo se comporte la demanda de energía a futuro.

Además están proyectos como la Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia Energética (OGE&EE), desarrollada por Petroamazonas EP, que ha mejorado el gas asociado a la extracción de crudo para generación eléctrica y producción de GLP, eliminado así el uso de diésel, reduciendo emisiones de CO₂ a la atmósfera. Esos proyectos proveen de energía eléctrica de menor costo a las comunidades dentro del área de influencia, contribuye al cambio de la matriz energética y son un ejemplo de capacidad, responsabilidad social y ambiental en el manejo de las empresas públicas.

El OGE&EE ha recibido reconocimientos internacionales como el Best Carbon Market Energy Efficiency Pioneer South America–2011, por parte del World Finance de Londres, y el Award for Excellence in Flaring Reduction–2012, del Banco Mundial.

Las reducciones de emisiones a la atmósfera serán de 4 millones de toneladas de CO₂, aproximadamente durante 10 años. Además, se reducirá la huella de carbono, resultado del transporte de petróleo ecuatoriano hacia refinerías en el exterior y el retorno del producto refinado como diésel. Mediante esta gestión se estima un descenso en uso de diésel de casi 1.000 millones de galones durante 10 años.

Con los ejemplos expuestos se evidencia cómo las empresas públicas contribuyen al desarrollo del país, no solo por el número de empleos directos e indirectos que generan en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos, sino por el ahorro significativo de recursos para el Estado al sustituir el uso de combustibles fósiles para generar electricidad, y su contribución ambiental al evitar la emisión de CO₂ a la atmósfera.