La Fiscalía cuenta con 587 elementos de convicción o indicios para comprobar la existencia del delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

En la audiencia preparatoria de juicio que se reinstaló este martes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la fiscal general, Diana Salazar, continuó con la presentación de dichos elementos.

De los 587 presentó 231. El viernes en que se reinstalará la audiencia a las 09:00 continuará con la exposición de estos indicios que le servirán para sustentar la acusación contra los 24 procesados.

Entre las pruebas presentadas ayer, la fiscal Salazar expuso detalles de las facturas, empresas y los aportes efectuados al movimiento PAIS a cambio de los contratos con el Estado.

Durante las cinco horas que duró la audiencia, la fiscal describió montos, destino y formas de pago, en especial el cruce de cuentas y los aportes en efectivo.

Uno de los elementos de mayor impacto por su contenido es el número 27, relacionado al informe técnico informático realizado a la computadora de la exasistente presidencial, Laura T.

Ahí se halló el denominado informe “arroz verde final”, en donde constan en forma detallada las gestiones, los aportes, los ingresos, egresos, personas beneficiadas.

El elemento número 55 también llamó la atención. Se trata de un oficio enviado por la Presidencia de la República, el cual indica que no ha existido ningún Fondo de Solidaridad en la Presidencia o ayuda humanitaria entre 2012 y 2016.

Esto contradice lo expresado anteriormente por el expresidente Rafael C., quien confirmó que de ese fondo recibió un depósito a su cuenta por $ 6.000.

Tampoco habría existido autorización oficial para el arrendamiento de oficinas en el edificio Concorde, en donde operaba Pamela M., exasesora de Rafael C.

La fiscal insistió en la existencia de una estructura criminal, en la que sus integrantes funcionarios y contratistas eran identificados hasta con alias.

Ellos presuntamente se dedicaron a la captación de aportes ilegales de empresas contratistas del Estado para conseguir el apoyo popular. A cambio recibían contratos.

“Además se ha podido identificar algo que es inusual. Generalmente se conoce que el soborno no da factura, pues en este caso se ha podido evidenciar que los sobornos se han entregado a través de la emisión de facturas”, dijo.

Precisó que los empresarios pagaban fiestas, cumpleaños, vallas publicitarias, análisis, encuestas, pautas publicitarias y otros servicios, que iban en beneficio de los funcionarios públicos.

“Que la ciudadanía diga si eso no se llama soborno, cohecho con factura, eso es lo que hemos encontrado”, afirmó.

Salazar recordó que el cohecho es un delito imprescriptible y susceptible de ser juzgado en ausencia. “Ahora la Fiscalía está luchando para que estos casos no queden en la impunidad”.

Según la Fiscalía, los empresarios entregaron alrededor de $ 5,6 millones por cruce de facturas y $ 6,7 millones en efectivo, entre los años 2012 y 2016.

El dinero era usado para actividades de Alianza PAIS y para “sostener el apoyo popular” al Gobierno anterior.

Las investigaciones señalan que el papel del expresidente fue relevante, ya que ubicó de forma estratégica y “circular” a sus funcionarios de confianza en ministerios.

Desde estos cargos se entregaron contratos a las empresas que previamente pagaron y ofrecieron sobornos.

Carlos Cortázar, abogado del empresario Bolívar S., dijo que demostrará que los elementos de Fiscalía no tienen sustento suficiente.

“No existen 587 elementos, sino solamente los testimonios de Pamela M. y Laura T., de donde trata de agrandar el caso”, remarcó. (I)