La solicitud que realizó Iván León, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a Interpol de que se proceda con la notificación roja en contra de las personas sentenciadas en el caso Sobornos 2012 -2016, es solo uno de los pasos para su detención.

Ese es el criterio de expertos consultados por Diario EL TELÉGRAFO, quienes explicaron cuál es el trámite que cumplirá Interpol, luego de que quedara en firme la sentencia en contra de 20 personas por el delito de cohecho.

Entre ellos se encuentran el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica; el exsecretario del Agua, Walter Solís, quien se encuentra en Estados Unidos; el exministro de Turismo, Vinicio Alvarado (Venezuela).

Además de los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, quien se encuentra en la embajada de Argentina en Quito.

La disposición también se aplica para los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Napoleón Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi.

Luis Córdova, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Central, advirtió que primero hay que entender el rol que cumple al Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Explicó que se trata de una estructura que coordina las acciones entre las policías nacionales de los distintos estados miembros. Eso quiere decir que este organismo no puede tomar una posición sobre las decisiones judiciales que emiten los distintos países.

Córdova explicó que si bien el pedido se sustenta con una sentencia ejecutoriada, la Interpol, a través de una unidad de evaluación y de investigación, podría establecer algún criterio sobre el dictamen.

La sentencia que se emite contra los acusados por el caso Sobornos, no necesariamente puede provocar la alerta roja", advirtió.

Santiago Orbe, analista Internacional, añadió que en estos casos, los tiempos para dar trámite son rápidos, pero eso no quiere decir que haya una detención inmediata.

Indicó que si bien la solicitud de difusión roja es un aviso sobre una persona que debe cumplir ante la justicia, no existe un instrumento jurídico internacional que obligue a los países a establecer los parámetros que exige la Interpol. "La Interpol no puede obligar a las autoridades de los países a dar paso a la extradición", expresó Orbe.

Además, Interpol hace un proceso de revisión de la causa y evalúa que el mismo cumpla con todas las características propias de este tipo de demandas, indicó el catedrático.

Sobre el caso particular de Correa, ambos expertos reconocieron que la Policía Internacional también puede tomar en cuenta de que en dos ocasiones ya se negó el pedido de alerta roja.

El primero fue en 2018 cuando en relación del caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda; el segundo, en 2020, por el caso Sobornos.

Sobre ese punto, el catedrático opinó que la solicitud a cargo de Ecuador debe ser minuciosa en temas como entregarlo en el idioma del país al que se hace la solicitud. “Por ejemplo el caso de la solicitud del expresidente Correa, el fallo de la Corte debe ser entregado en un idioma en inglés o en el caso de Bélgica, en francés. Son detalles que deben ser revisados y esto también participan los gobiernos", advirtió. 

Otros análisis que realizan en Interpol, dijo, es que no haya consideraciones ideológicas, persecuciones políticas, que se cumplan debidos procesos. "No solo es el hecho del fallo judicial, sino también de cómo lo envía, cuáles son los respaldos que tienen; son elementos que entran a revisión", explicó. (I)