La Ejecución de la sentencia por el caso Sobornos 2012-2016 ya fue notificada la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

Con esto, el Tribunal de origen dispuso que se oficie a la Policía Nacional la localización y captura de los 20 sentenciados por del delito de cohecho agravado, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica.

También, María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, quien está en la embajada de Argentina de Quito; así como Walter Solís, exsecretario del Agua; Vinicio Alvarado, exministro de Turismo; la asambleísta Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri, quienes están en calidad de prófugos.

La disposición también rige para 10 empresarios que participaron en la adjudicación ilegal de contratos con el Estado, a través de entrega de dinero.

Cabe señalar que el exvicepresidente Jorge Glas se encuentra en la cárcel de Latacunga cumpliendo una sentencia de seis años, mientras que Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, está con arresto domiciliario.

"En el transcurso de este día se cursen los oficios correspondientes, tanto al Comandante General de la Policía, como al Jefe de la Policía Judicial, para su inmediata localización y captura; debiendo tales autoridades informar a este Tribunal para proceder a emitir las boletas constitucionales de carcelamiento", detalla el escrito.

Además, dispone que el Ministerio de Finanzas deje de pagar pensiones vitalicias al expresidente Correa, quien recibía $ 4.226, mientras que el exvicepresidente Jorge Glas percibía $ 4.057. 

Y que se haga el traslado inmediato de Alexis Mera, desde su vivienda en Guayaquil, a la cárcel de Latacunga, mismo centro penitenciario en donde está Glas. 

También ordenó que se oficie al Consejo Nacional Electoral (CNE) la pérdida de derechos de participación política a los sentenciados por el tiempo de su pena. Es decir, ocho años para la mayoría de condenados.

Sobre este último punto, se informa a la Asamblea Nacional sobre la condición legal de la asambleísta Viviana Bonilla para la pérdida de su cargo. 

Otras disposiciones

El Tribunal, a través del escrito, dispuso que la Procuraduría General del Estado deberá enviar un número de cuenta para que los sentenciados, en un plazo no mayor de 30 días, cancelen la reparación económicas que asciende a $ 14,7 millones. 

Para esto, se emitirá una notificación a los Registros de la Propiedad y Mercantil para el comiso de bienes. 

En cuanto a las medidas de reparación económica, el Tribunal fijará fecha para que los sentenciados cumplan con una disculpa pública en la Plaza de la Independencia. Además, tendrán que colocar una placa con la frase: 

"Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad con sujeción a los principios de la ética". 

La sentencia también contempló que se imparta un curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia que tienen que cumplir los 20 procesados, se delegó a la Fiscalía y a la Procuraduría para su organización. 

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