La instalación del cuarto día de audiencia de juzgamiento del caso “El Rodeo” se tiene prevista para este jueves 19 de noviembre de 2020, a las 09:00, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional de Portoviejo. La Fiscalía General del Estado (FGE) presentará diez testigos durante la jornada de mañana.

Entre los testigos que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, presentará ante la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, constan peritos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y un analista contable de la Policía Nacional.

La FGE procesa a ocho personas como presuntos autores y coautor del delito de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones: cuatro funcionarios del SNAI, tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, y un abogado en libre ejercicio.

Este caso inició su etapa de juicio en marzo de 2020, con la comparecencia de doce testigos. En ese tiempo se suspendió la audiencia debido a la emergencia sanitaria.

En su reinstalación, el 16 de noviembre de 2020, la Fiscalía presentó a seis testigos, entre ellos el agente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y oficial del caso, quien calificó como presunta red de jurídicos a la agrupación que está procesada.

También, al analista del caso, así como peritos de inspección ocular técnica, de documentología, informática forense, audio y video, entre otros.

En esta causa se procesa a una presunta red de corrupción de funcionarios públicos que habrían solicitado dádivas económicas y botellas de licor a familiares de personas privadas de libertad (PPL) de los Centros de Rehabilitación Social “El Rodeo” y “Bahía de Caraquez”, para tramitar las garantías penitenciarias de sus parientes, derechos por los cuales no se debe entregar dinero para su cumplimiento.

Testimonios

La audiencia sobre este caso, después de cuatro audiencias fallidas, se reinstaló el martes 17 de noviembre, en que comparecieron todos los abogados defensores y asistieron las ocho personas, a quienes la Fiscalía.

La diligencia se reinstaló, de forma presencial, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional. La jueza ponente de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, María Paola Miranda, tomó juramento colectivo a los nueve testigos que Fiscalía prevé presentar en esta jornada.

Acto seguido, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, llamó al décimo tercer testigo (en marzo testificaron 12), Juan Bedón, agente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y oficial del caso.

El testimonio del agente se extendió por más de cuatro horas; este mencionó a los ocho procesados como integrantes de una supuesta ‘red de jurídicos’.

El testigo dijo que la presunta red de funcionarios públicos del área jurídica habría cobrado (en efectivo y en botellas de licor) a los familiares de los privados de libertad para “arreglar sus salidas de prisión”.

“Las víctimas indicaron que entregaron entre $ 300 y $ 400 para tramitar las garantías penitenciarias y que los jueces habrían solicitado hasta 5.000”.

¿Cómo habría operado la presunta red de corrupción?

Los trabajadores del SNAI tenían contacto con los privados de libertad en los centros carcelarios, y con sus familiares en los exteriores de los juzgados, previo a las audiencias para resolver las garantías penitenciarias, con el objetivo de –presuntamente– cobrar lo solicitado. Si el pago no se cumplía, el juez no instalaba la audiencia, era la amenaza a los familiares, según el testimonio.

El contacto entre SNAI y los jueces, de acuerdo a las investigaciones y pericias, se habría demostrado en la triangulación de llamadas telefónicas, información extraída de los celulares incautados a los procesados, en especial el de Einstein G., pues era quien mantenía mensajes con los jueces, en los que habrían hablando de dádivas en dinero y botellas de licor solicitadas a privados de libertad por dichos trámites.

Además, la Directora del CRS El Rodeo informó al oficial del caso el malestar expresado por los privados de libertad y sus familiares, de que no les habían cumplido con el trámite, pero que “ya estaba pagado”, hechos con los cuales inició la investigación previa en 2018.

La presunta víctima entregó capturas de pantalla de las conversaciones que mantenía con los funcionarios referente al pago por la prelibertad. (I)