Dos de los empresarios sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, por delito de peculado cancelaron el monto que se les impuso en la sentencia que ya fue ejecutoriada.

Se trata de Alberto Hidalgo de la empresa Hidalgo & Hidalgo, quien pagó la suma de $ 368.000 y el empresario Manuel Fontana de Fopeca, quien canceló $ 778.000. Ellos fueron los primeros en cumplir con la reparación impuesta a favor del Estado ecuatoriano.

Por esta causa, fueron sentenciadas 20 personas, entre ellas el expresidente de la República, Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas; además de altos funcionarios de ese régimen y empresarios. De acuerdo al dictamen, de ese número de sentenciados, 18 tendrán que pagar $ 778.000, mientras que los dos restantes, $ 368.000.

El pago que realizaron los dos empresarios, se cumplió poco después de que la Procuraduría General del Estado identificara 112 bienes en el país de 17 de los 20 sentenciados.

Con esto, la Procuraduría busca la recuperación de $ 14.745.297, valor que fijó la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como reparación al Estado.

Sin embargo, la ejecución de la sentencia ya presenta algunas objeciones. Ese es el caso de Ramiro Galarza, representante de la empresa Consermin y de Pedro Verduga, de la firma Equitesa, quienes deben cancelar 778.000 cada uno.

En el primer caso, la defensa solicitó una mediación en la Procuraduría General del Estado, en cuanto a la forma de pago de la reparación integral.

Mientras que Verduga puso a disposición dos opciones para el pago de indemnización de daños y perjuicios.

El documento enviado por Verduga señala que los jueces dispongan la forma más expedita para cubrir el monto que deben cancelar los autores directos.

Las opciones que plantea son el cobro mediante una dimisión de bienes o en efectivo a través de una compensación de créditos por los valores que asegura le adeuda el Estado ecuatoriano, por las obras que ha participado y no le han cancelado, informó diario El Universo.

Sentenciados acudieron a la Corte Constitucional
En este proceso también se conoció que la Corte negó el pedido del expresidente Correa quien
solicitó que no se le retire la pensión vitalicia de $ 4.226, cuyo pago fue suspendido.

La negación a este pedido obedece a que la Ley Orgánica de Servicio Público prevé una excepción en la pensión vitalicia para expresidentes de la República que hayan sido sentenciados en delitos como cohecho.

Esa fue una de las razones por las cuales, el exmandatario presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC). Hasta el momento, a este recurso se han sumado el exvicepresidente Glas, los exasambleístas Christian Viteri y Viviana Bonilla.

Los exfuncionarios del régimen también presentaron la acción aludiendo violaciones a los derechos constitucionales. Entre ellos se encuentran Walter Solís, exsecretario del Agua; Vinicio Alvarado, exministro de Turismo; Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, así como María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas.

En cuanto a los empresarios, quienes presentaron el recurso fueron Bolívar Sánchez; Teodoro Calle, William Phillips, Pedro Verduga, Mateo Choi y Ramiro Galarza. (I)