Tras dos suspensiones, ayer se reinstaló la audiencia para conocer y resolver las 21 apelaciones a la sentencia del denominado caso Sobornos 2012-2016.

Por medidas de seguridad a causa de covid-19, el Tribunal de Apelación, integrado por los jueces nacionales, David Jacho, Wilman Terán y Dilza Muñoz, dispuso que los abogados de los procesados sean ubicados en tres salas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y una de la Corte Provincial del Guayas, conectadas vía telemática.

Luego de constatar la presencia de los sujetos procesales, entre ellos la fiscal genera Diana Salazar y el procurador del Estado, Íñigo Salvador, el tribunal resolvió otorgar 20 minutos a cada uno de los 21 apelantes para que expongan los argumentos de su recurso.

La apelación fue presentada por los 20 procesados a quienes un tribunal de juzgamiento de la CNJ les encontró culpables del delito de cohecho pasivo agravado. Además, apeló en su condición de acusador particular el procurador Íñigo Salvador, por estar inconforme con el monto de la reparación.

Solo queda casación
Este es el penúltimo recurso judicial que les queda a los 20 procesados para evitar que la sentencia sea ejecutoriada o quede en firme.

Se estima que las intervenciones de los apelantes concluyan hoy, luego de lo cual el tribunal se tomaría algunos días para emitir su resolución.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala solo algunos de los plazos o términos que deben transcurrir.

Por ejemplo, desde que se decida sobre la apelación y se notifique por escrito el fallo, los abogados de los sentenciados tienen tres días para solicitar la casación, que es la última instancia en el campo jurisdiccional.

Sin embargo, no se establece en cuánto tiempo tiene que darse la audiencia desde que el recurso es presentado y la CNJ sortea el tribunal que lo tratará.

La rapidez con la que se realicen las audiencias, generalmente, depende de la carga laboral de los jueces a los que se les asigne el caso.

La abogada Matilde de Gómez estima que resolver la casación tomaría un mes, por lo que para fines de agosto se habrían evacuado todos los recursos judiciales en este caso.

Argumentos de las apelaciones
Por disposición del Tribunal de Apelación, las intervenciones se realizan desde ayer en orden alfabético de los procesados.

La primera en intervenir fue la abogada Vanessa Zavala, quien defiende al exministro Vinicio A. Ella aseguró que en el juicio no se presentaron pruebas suficientes; no se cumplieron los 120 días de instrucción fiscal como determina la ley, sino que fueron 140 días; y que se cambió el tipo penal para juzgar.

Calixto Vallejo, abogado de la asambleísta Viviana B., dijo que su cliente desconocía el origen de los fondos, que no existe el fundamento establecido en la sentencia, ni ha existido una valoración adecuada de la prueba.

Paúl Ocaña, defensor del procesado Teodoro C., hizo una breve descripción de las seis facturas por las cuales se imputa a su defendido, lo cual -dijo- no constituye prueba.

Pablo Encalada, abogado de Rafael Leonardo C., argumentó que su defendido no realizó el acto de recibir dinero para pagar contratos, que no existió el principio de congruencia; además, que el tribunal tuvo un error en la aplicación de la pena.

El abogado del expresidente Rafael C., Alfonso Zambrano Pasquel, sostuvo que no existe motivación ni fundamentación en la sentencia, que se violó el derecho a la defensa, por lo que se tiene que declarar la nulidad de la audiencia de juicio.

Todos pedían que se anule la sentencia y se declare inocentes a sus defendidos.

A las 17:40 de ayer la audiencia fue suspendida. Hoy se reinstala a las 09:00. (I)

La condena incluye inhabilitación política
El pasado 7 de abril, el tribunal integrado por los jueces nacionales Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela, sentenció a ocho años de cárcel como autores mediatos del delito de cohecho agravado al expresidente Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G.

Como coautores al exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis M., a los exministros del Gobierno anterior Vinicio A., María de los Ángeles D. y Walter S.; a la asambleísta Viviana B., al exlegislador Christian V., y a la exasesora presidencial Pamela M.

Como autores directos a los empresarios Víctor F., Leonardo C., Bolívar S., Édgar S., Ramiro G., Alberto H., Teodoro C., Pedro V., Mateo Ch. y William Ph.

Como cómplice y por ser cooperadora eficaz, la exasistente de Presidencia Laura T. recibió una pena reducida en el 40%, es decir, se le definió 19 meses y 6 días de cárcel.

La reducción del 40% de la pena por colaborar con Fiscalía alcanzó también a Pamela M., quien se quedó con una pena de 38 meses y 12 días de cárcel.

En su calidad de autores mediatos, los exmandatarios Rafael C. y el exvicepresidente Jorge G. también fueron condenados a la inhabilitación política durante 25 años. Además, en la notificación se especifica como indemnización que los sentenciados deben pagar un monto que asciende a $ 14,7 millones; también una cifra por daños y perjuicios.

Para complementar, deberán colocar una placa en el edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas. (I)