En audiencia que se cumplirá desde las 09:00 de hoy en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Tribunal de Apelación integrado por los jueces nacionales David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán, anunciará de forma oral la resolución sobre las 21 apelaciones presentadas a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016.

Mediante providencia, el Tribunal convocó a las partes procesales para la reinstalación de la audiencia que se suspendió el 2 de julio pasado, día en que los jueces entraron a deliberar.

18 días se han tomado los magistrados para analizar los argumentos de las apelaciones de los 20 sentenciados y la planteada por la Procuraduría General del Estado, y tomar una resolución.

En los cinco días de audiencia de apelación, a través de sus abogados, los sentenciados pidieron que se ratificara su inocencia, sea como autores mediatos, autores directos, coautores y cómplices de cohecho agravado.

La abogada Vanessa Zavala, defensa técnica del exministro Vinicio A., solicitó la individualización de la conducta y que se ratifique la inocencia del exfuncionario, mientras que Pablo Encalada, abogado de Rafael Leonardo C., asegura que se comprobó que su defendido no pagó para obtener contratos, por lo que no tiene culpabilidad.

Los dos, al igual que el resto de condenados, argumentaron la inocencia de sus clientes.

A su vez, durante la audiencia de apelación, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado afirmaron que el delito de cohecho fue probado y que cada uno de los sentenciados tuvo parte en los hechos investigados.

Por ello solicitaron al Tribunal que deseche las nulidades planteadas y deje en firme la sentencia, en todas sus partes, tal como ordenó el Tribunal de Juicio.

Lo que se viene
La resolución que será anunciada hoy en forma oral determinará si la sentencia de primera instancia se ratifica en esta segunda instancia o es modificada, dijo el penalista Marcelo Altamirano.

En caso de ser modificada por el Tribunal lo que podría pasar es que se acepte el pedido de todos o algunos de los apelantes.

A su vez, en caso de que se ratifique la sentencia, no habrá ningún cambio y la condena quedará intacta.

Luego de la audiencia de hoy, las partes procesales deberán esperar la notificación de la resolución por escrito, que podría darse hasta la próxima semana.

Una vez resuelta la apelación y que se notifique esa sentencia por escrito, las partes podrán acudir a un último recurso judicial, calificado de última instancia, para tratar de cambiar la sentencia, y es la casación.

El artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), determina que procede la casación, “cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente”.

Para su trámite los sujetos procesales pueden interponer el recurso dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia. El tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de tres días convocará a audiencia para resolver.

Solo cuando el tribunal de casación ratifique la sentencia esta quedará en firme, se ejecutará en su totalidad y se acaba el proceso.

La jurista Rosa Tello aclara que si bien el COIP establece plazos para la presentación de los recursos, no los determina expresamente para el proceso de sustanciación.

Por ello no hay un plazo exacto que determine cuánto va a durar la evacuación de la casación.

Los plazos o la rapidez con la que se mueva el proceso dependerán del nivel de casos acumulados en la Corte y de la prioridad que le den al asunto los jueces que sean sorteados.

Desde su experiencia dice que para que un caso llegue a casación puede pasar hasta un año, pero si los jueces agilizan la sentencia podría ejecutarse en dos meses.

La sentencia
El pasado 7 de abril, el Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela encontraron culpables de cohecho agravado, en calidad de autores mediatos, al expresidente Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G., por lo que fueron sentenciados a ocho años de cárcel y a la pérdida de sus derechos políticos por 25 años.

La misma pena, pero como coautores, la emitieron contra seis exfuncionarios públicos: al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M., a los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D., y Walter S. Además, a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Viviana B. y al exlegislador de Alianza PAIS, Christian V.

De igual manera, pero como autores directos fueron condenados a ocho años de prisión diez empresarios: Alberto H.; Edgar S.; Víctor F.; Ramiro G.; William Ph. C.; Rafael Leonardo C.; Teodoro C.; Pedro V.; Mateo Ch. y Bolívar S.

Para la exasesora presidencial Pamela M., pese a ser declarada coautora, por su colaboración para esclarecer el caso se le impuso una pena de 38 meses y 12 días de cárcel.

Y para la exasistente presidencial Laura T., en calidad de cómplice, 19 meses y 6 días, también por su cooperación eficaz.

Además, los jueces dispusieron que los condenados pidan disculpas públicas en la Plaza de la Independencia.

También asistir y acreditar el cumplimento de capacitación por 300 horas sobre un curso de ética laica y transparencia en la administración pública.

Y colocar una placa en la Presidencia de la República, en cuyo texto tiene que constar la identificación del caso y el siguiente texto en español y quichua: “Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, la función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector”. 

Finalmente, en la sentencia escrita, el Tribunal notificó que la indemnización a pagar por parte de los condenados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, es de $ 14’745.297, algo menos del doble de los sobornos, que fueron de $ 7’797. 588. (I) 

Rafael C. era quien estaba al mando de toda la estructura

Los abogados de los procesados por el caso Sobornos prácticamente han utilizado todos los recursos judiciales para defender a sus clientes.     

La investigación realizada por la Fiscalía determinó la existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitó la entrega de recursos a través de dos modalidades (cruce de facturas y dinero en efectivo) por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado.

Las adjudicaciones se efectuaban a través de cartas de invitación directa y convenios de pagos.

Con base en las pericias de Fiscalía, los sobornos realizados durante el periodo 2012-2016 llegan a los $ 7’791.588.

El expresidente Rafael C., quien reside en Bélgica, fue identificado como autor mediato del delito de cohecho agravado porque era quien estaba al mando jerárquico superior de toda esta estructura, puesto que él conocía de la entrega de sobornos. Además se benefició y los utilizó en varios eventos de su gobierno. (I)