Trescientas joyas que pertenecían a la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, fueron embargadas hoy por la Procuraduría General del Estado a través de su Unidad de Recuperación de Activos. Larrea fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito. 

A la diligencia, que se hizo  en las oficinas del Monte de Piedad en Quito, compareció el jefe de la Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría, abogado Santiago Terán, el depositario judicial Víctor Paucar y miembros de la Policía Nacional.

“La Procuraduría General del Estado solicita a usted entregar al depositario judicial todas las joyas de la sentenciada María Sol Larrea”, dijo Terán al inicio de la diligencia, dirigiéndose a los funcionarios del Monte de Piedad.

Las joyas, que se encontraban en una bóveda fueron registradas una por una. Entre estas destacan:

• 18 relojes de marca, entre ellos Rolex y Cartier
• 48 pares de aretes
• 46 anillos
• 75 cadenas
• 1 juego completo de joyas con cristales Swarovski

La diligencia duró seis horas. Se contabilizó y registró cada joya. A continuación, todas las piezas serán avaluadas por un perito, previo su remate según lo establece el Código Orgánico General de Procesos.

La Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado, en este caso ha embargado: el 50 por ciento de los derechos y acciones de un consultorio y un parqueadero en Guayaquil; un departamento en Quito, ocho solares en el cantón El Empalme y hoy, las joyas que lucía la exservidora mientras ejercía su cargo.

La Unidad de Recuperación de Activos fue conformada por el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, para ejercer la representación judicial del Estado ecuatoriano en la fase de ejecución de las sentencias emitidas dentro de procesos penales por corrupción en los cuales están sentenciados exfuncionarios públicos.

La Procuraduría General del Estado, en el ejercicio de la representación judicial del Estado ecuatoriano, no cesará en su tarea para que los sentenciados en casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de ese modo la eficacia de la administración de justicia.