La Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado (PGE) realizó el embargo sobre los derechos y acciones en ocho solares que suman una superficie de 1.900 m2 que estaban a nombre de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su esposo.

El procedimiento se llevó a cabo en el cantón El Empalme (Guayas). Según información difundida por la institución. Estas propiedades se ubican en el barrio Teca, cantón El Empalme, a tres horas de Guayaquil.

Su recuperación se desarrolló en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito en el que fue sentenciada. De acuerdo a un comunicado difundido por la institución, los moradores del sector advirtieron que Larrea tenía pensado construir una clínica privada. Santiago Terán, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos, lideró la diligencia.

En ese mismo caso, el martes pasado, se ejecutó el embargo de los derechos y acciones que Larrea tenía sobre un consultorio en el edificio Torre Médica 2, de Guayaquil.

La unidad de la Procuraduría se creó con la finalidad de ejercer el patrocinio del Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas dentro de casos penales de corrupción que incluyen a exservidores públicos.

Según lo dispone el Código Orgánico General de Procesos, luego del embargo, el bien será valorado por un perito, como paso previo a su remate.

En el comunicado, la Procuraduría también informó que en el ejercicio de la representación judicial del Estado ecuatoriano, agotará los mecanismos y ejercerá las acciones previstas en la Ley para que los sentenciados cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país.

A este procedimiento, María Sol Larrea enfrenta un juicio por presunto lavado de activos. El próximo lunes 16 de noviembre se reinstala la audiencia de juicio que se sigue en su contra; 2 ciudadanos y 7 personas jurídicas por presunto lavado de activos.

Según Fiscalía, María Sol Larrea, junto con su esposo y cuñado (Marcelo E. y Carlos E., respectivamente) habría obtenido contratos por aproximadamente $ 91,1 millones en el periodo 2008-2018, tiempo en el que la exfuncionaria ocupó altos cargos públicos (entre 2008 y2015). (I)