Entre 2018 y 2019, hasta el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) llegaron 112 denuncias relacionadas con la mala actuación de sus funcionarios.

El 20% fue por actos de corrupción; el 55% por faltas éticas y el 25% por mal servicio de los empleados. Esos son los resultados del trabajo de la oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción en la Aduana, según Alejandra Muñoz, directora de la entidad.

La titular de la Aduana expuso estos resultados en el encuentro “Summit de Transparencia. Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción”, que se desarrolló este miércoles 30 de octubre de 2019 en Quito.

En el evento, la funcionaria reconoció que en años anteriores la Senae era catalogada como una institución propensa a múltiples actos ilícitos.

Con la creación de la unidad, se iniciaron 442 sumarios administrativos, de ellos 141 funcionarios fueron sancionados, 11 personas llamadas a juicio por asociación ilícita, también se iniciaron tres procesos legales por importaciones ilegales. Además hay 13 investigaciones internas de posibles redes.

Íñigo Salvador, procurador general del Estado, aportó sobre los mecanismos para erradicar los actos de deshonestidad en el sector público. Mencionó la necesidad de denunciar todos los hechos para evitar que los delitos queden impunes.

Uno de los casos de corrupción que la Procuraduría está pendiente es el caso “Sobornos 2012-2016”, no solo como acusador particular, sino como entidad que busca sanción por esos actos.

En esa línea, Salvador rescató el rol que cumple la jueza nacional, Daniella Camacho, así como la fiscal general, Diana Salazar.

La autoridad recordó que hoy jueves 31 de octubre, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se reinstala la audiencia preparatoria de juicio, luego de que fueran negadas dos recusaciones en contra de Camacho.

El Procurador se refirió a otro hecho que se enmarcó en los actos de corruptela: el incendio al edificio de la Contraloría, ocurrido el 12 de octubre, durante los 11 días de marchas.

Sin especificar fechas, advirtió que, desde la institución, presentarán la acusación particular por daños a bienes del Estado. Aseguró que ese acto tuvo la intención de eliminar los expedientes de “Sobornos”. De ahí que espera se emitan sentencias para alcanzar una indemnización.

Wilson Vallejo, subcontralor general, coincidió con el criterio del Procurador. Aseguró que los actos vandálicos fueron para borrar todos los procesos legales. Pero esos intentos resultaron en vano, porque la institución cuenta con un sólido sistema informático. Incluso, en un plazo de entre 7 y 8 días todos los archivos fueron recuperados.

Vallejo dijo que el informe del Cuerpo de Bomberos concluyó que para incendiar el edificio se emplearon aceleradores de combustión, lo que evidenció la intención de hacer daño al Estado. (I)