La Procuraduría General del Estado asumió un liderazgo para que se alcancen sanciones e indemnizaciones por los casos de corrupción en Ecuador. Su titular, Íñigo Salvador, explica cómo se ha cumplido con este propósito.

¿Qué rol cumple la Procuraduría en casos de corrupción como Sobornos, Singue, etc.?

La lucha contra la Corrupción se respalda en un sustento legal. Hay entidades que tienen funciones claras como es la Fiscalía, una segunda es la Contraloría que controla el uso de los recursos públicos. Si detecta indicios de responsabilidad penal, pasa a la Fiscalía que ejerce sus respectivas acciones. Ahí entra la Procuraduría, que representa al Estado.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que cuando el Estado sea víctima en un delito, puede comparecer con una acusación particular, a través de la Procuraduría.

¿Considera usted que la Procuraduría tenía perfil bajo en estos casos?

En el pasado la Procuraduría no tenía un papel activo. Creo que se debía a una interpretación de la norma del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, pero sobre todo del COIP, que pretendía que la Procuraduría tuviera una potestad de presentar o no acusación particular.

La Procuraduría tiene la obligación de presentar una acusación particular. Por ello nos hemos embarcado en una serie de acusaciones particulares en casos como es el de Sobornos.

¿Antes por qué se presentaban las acusaciones?

Quizá en el pasado los procesos judiciales contra corrupción eran menos o no había acusación particular. Pero creo que si los acusados son un expresidente, un exvicepresidente, ministros, lo mínimo que se puede hacer es que el Estado pueda presentarse con un funcionario de igual jerarquía como es el Procurador General del Estado.

¿Su gestión marcó una nueva época contra la corrupción?

Lo que puedo decir es que hay una actitud de hacer mayor presencia del Estado. Incluso presenté a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría para que se restituya el control previo de los contratos. Es decir que Procuraduría revise los contratos antes de ser firmados.

¿En qué estado está el proyecto?

Ya lo presentamos. Hace un mes comparecí a la Comisión de Asuntos Económicos para explicarlo.

¿Cuáles son los casos de corrupción emblemáticos en los que pone mayor atención la Procuraduría?

El caso emblemático es el caso Sobornos, pero hay otros como el caso Singue; Iván Espinel, Norma Vallejo y el de la exvicepresidenta Alejandra Vicuña.

¿Hay un estimado de cuánto dinero ha perdido Ecuador por los sistemas de corrupción?

Es aventurado poner un monto porque la corrupción hace todo a escondidas. Solo en el caso Sobornos se ha logrado encontrar indicios de un monto cercano a los $ 7'800.000.

Por Sobornos, usted planteó una reparación integral de $ 23,3 millones ¿qué destino tendrán esos recursos?

Habrá que ver lo que los jueces determinen si es que se ha logrado comprobar que la indemnización asciende a ese valor. Habrá que determinar en qué proporción participaron las autoridades de esas entidades estatales (Miduvi, Senagua, MTOP, etc.) y en qué proporción les corresponde la porción de la indemnización.

Ecuador y Brasil suscribieron el acuerdo de reparación en torno al Caso Odebrecht ¿Qué ha pasado con ese acuerdo? Nos puede actualizar el caso.

Recordemos que, en el mes de julio, iniciamos un proceso de conversaciones con la empresa Odebrecht. Esas conversaciones fueron realizadas por cuatro entidades públicas: la Secretaría anticorrupción de la Presidencia, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado.

En esas conversaciones le ha correspondido al Procurador General del Estado llevar la vocería de esta mesa de trabajo. Lo que yo he hecho durante estos meses, desde julio hasta la fecha, es simplemente transmitir los pocos acuerdos y los pocos avances a que se ha ido llegando.

¿Pocos?

Pocos. A ver, le tengo que decir: la primera razón por la que son pocos es por lo que ya habíamos dicho antes: para poder determinar el monto de una indemnización que la compañía Odebrecht pague al Estado ecuatoriano, hay que determinar en primer lugar cuál es el monto del verdadero daño que la compañía Odebrecht causó al Estado ecuatoriano. Y ese daño no solamente es el daño material, es decir, todo lo que se haya pagado por concepto de coimas; todo lo que se pueda haber pagado por concepto de sobreprecios, etc., etc.

Yo sostengo que además la compañía Odebrecht tiene que pagar una indemnización por el daño moral. Que quiere decir, que a través de estos actos de corrupción, no solamente que se atenta contra el patrimonio del Estado, también se atenta contra el sentimiento de credibilidad que los ciudadanos tienen respecto de sus instituciones.

Después de una quiebra de la moral pública tan seria como la causada por Odebrecht, no solamente aquí, en el mundo entero, es claro que la gente dice “todos los funcionarios públicos son unos ladrones”, desconfía de sus instituciones y a veces la misma gente comienza a realizar actos que son reñidos con la Ley: Para qué voy a pagar impuestos, si ese dinero se va a ir en coimas... entonces no pago impuestos, evado impuestos... Eso es lo que comienza a ocurrir con la gente.

Y también el ejemplo de los funcionarios públicos corruptos, también permea hacia los otros estratos de la población... Entonces la gente realiza actos de corrupción a veces sin darse cuenta que de verdad son actos corruptos. A veces los ciudadanos no nos damos cuenta que, por ejemplo, contratar un tramitador es un acto de corrupción, o que saltarnos una cola en el Banco o copiar en un examen en la escuela es un acto de corrupción. Y eso se ve magnificado, empeorado por el ejemplo que cunde, merced a estos actos de corrupción llevados a extremos terribles como el de que la empresa Odebrecht haya tenido una gerencia interna dedicada a administrar la corrupción.

Esa es una cosa. Es complicado llegar a un acuerdo respecto del monto de la indemnización, pero sobre todo porque todavía no hemos llegado a determinar cuál fue el monto del daño causado. Ahora con menos razón, ahora mismo es más complicado llegar a eso porque la Contraloría General del Estado, que era parte importante en esta mesa de negociación, está en el momento actual, postrada, debido a la destrucción de su sede, a la destrucción de muchos de sus archivos. Entonces, lo que se está haciendo ahora mismo es reconstituir esa información para determinar cuáles son los montos de esa indemnización.

Mientras tanto, las conversaciones con la empresa Odebrecht están suspendidas, hasta nueva orden, hasta un nuevo momento en que veamos que sí se puede volver a conversar. Más allá del hecho de que, claro, a todos, a la ciudadanía pero también a las autoridades del Gobierno involucradas en el proceso, nos ha resultado complicado negociar con una empresa, conversar con una empresa, de la cual de entrada desconfiamos porque es una empresa que ha sido una empresa corrupta.

Entonces llegar a establecer un ambiente de mutua confianza creo que ha sido uno de los principales problemas.

Ya que estamos haciendo todo este análisis, ¿cuál es el principal obstáculo que ha visto la Procuraduría? ya que hablamos de la corrupción en sí, ya hablamos también del componente humano, que la ciudadanía no siempre conoce..., que la ciudadanía se presta... ¿Qué otros factores considera usted que están...?

Esos son los principales. Yo creo que hay un factor adicional, pero creo que es un factor que de todas maneras todos los funcionarios públicos, especialmente los que ocupamos estas entidades de alta visibilidad, con el que tenemos que contar, y es que la opinión pública es muy activa hoy en día.

La opinión pública está siempre cuestionando, la opinión pública cuestiona: ¿cómo es posible que el Estado ecuatoriano se siente a negociar con la empresa que le causó tanto daño. Yo, personalmente, a eso no le veo como una objeción. Lo importante es que esa empresa que causó tanto daño al Estado ecuatoriano justamente lo repare y lo repare en términos objetivos. Y por eso yo siempre he insistido: yo no permitiré, mientras esté en mis manos como Procurador General del Estado, llegar a ningún tipo de acuerdo que no sea el acuerdo estrictamente justo para el Estado ecuatoriano.

Pero claro, justamente por esa desconfianza que los ciudadanos tienen respecto de sus autoridades, la opinión pública es más bien contraria a este acuerdo con Odebrecht. Yo respecto a eso no tengo ningún problema, están en su derecho de tener esa posición. Yo creo que vale la pena intentarlo porque a través de un mecanismo de negociación se puede llegar a recuperar dineros que pertenecen al Estado ecuatoriano mucho antes de que concluyan todos los procesos judiciales, luego de los cuales se podría obtener una indemnización.