El acceso de las mujeres a la justicia fue la demanda general de las representantes de varios colectivos que defienden la igualdad de género. Por esta razón, sus integrantes se congregaron este miércoles, en el Colegio de Abogados de Pichincha, para expresar su postura.

La baja resolución y sentencias por casos de agresión sexual es uno de los factores que más preocupa a las activistas. De acuerdo con investigaciones realizadas por sus integrantes, el 10% de casos es denunciado. De este número, el 25,7% alcanza una resolución.

Ana Vera, de la agrupación Surkuna, recalcó que las instancias gubernamentales no dan prioridad al femicidio (asesinato de una mujer por razón de su sexo) como un delito prioritario de investigación. Según la organización a la que representa, el 64% de personas desaparecidas es mujer de entre 12 y 17 años. El panorama es más grave si se toma en cuenta que cada 55 horas una fémina es agredida.

La aplicación de las leyes es otro tema que les preocupa. Lizi Ernest, representante de la Coalición Nacional de Mujeres, destacó la importancia de la aprobación de la Ley Integral de Contra la Prevención y Erradicación Violencia contra las Mujeres.

Explicó que el planteamiento de la norma fue posible por el trabajo de las autoridades gubernamentales y de la organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Nacional de Mujeres. Sin embargo, dijo que el Estado tiene deudas pendientes sobre la normativa, pues el reglamento debería ser aprobado este 8 de marzo. "Esperamos que el reglamento no distorsione el espíritu de la ley y permita una aplicación ágil y oportuna en territorio. Las mujeres que viven en el campo y las ciudades deben tener recursos efectivos que las protejan, las medidas administrativas son claves para la prevención".

Otro de los retos en torno a las normas de género es plantear una reforma al Código Orgánico Penal Integral (COIP). Específicamente sobre la legalización del aborto por violación. Virginia Gómez de la Torre, miembro del Frente de Defensa por los Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló que 301 chicas han sido criminalizadas por abortar.

Según su organización, en el Ecuador, una de cuatro mujeres es violentada sexualmente, mientras que 380 mil han sido violadas. El caso es más trágico si se toma en cuenta que las menores de edad son invisibles en estas normas. La experta aseguró que al año, al menos 2.100 niñas son víctimas de abuso sexual. Y en muchos casos son obligadas a dar a luz luego de que quedan embarazadas tras esa agresión. “Ellas son invisibilizadas por el Estado, pues no acceden a un sistema de justicia y salud integral”.

La activista indicó que la Función Legislativa debe actualizar las leyes de acuerdo con la realidad. Indicó que si el artículo 150 del COIP plantea que las mujeres con discapacidad mental pueden interrumpir su embarazo porque la actividad sexual no fue consentida, las menores de edad que fueron víctimas también deberían gozar de este derecho. “¿Por qué a esas niñas no se les ofrece la suspensión del embarazo? Nuestra consigna es aborto legal por violación", reiteró.

La manifestación de las integrantes se vinculó además a la participación del Estado frente a las iniciativas que lideran la erradicación de la violencia de género.

Mayra Tirira, delegada de Vivas Nos Queremos, cuestionó que Ecuador no participó la 167° Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuada el pasado 28 de febrero, en Bogotá (Colombia).

La promotora detalló que en el encuentro se habló sobre el escenario de las mujeres en la actualidad. Explicó que el grupo humano femenino está sujeto a estigmatización y falta de funcionarios especializados.

Tirira reconoció que si bien están activas 70 fiscalías especializadas de Género en el país, no son suficientes, puesto que cada fiscal presenta 5 mil causas, lo que provoca retraso en las investigaciones. (I)