El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, por unanimidad, desarrollar un mecanismo de seguimiento al principio de celeridad judicial en casos de femicidio y muertes violentas de mujeres.

Esta herramienta permitirá monitorear los plazos en los que se desarrollan las acciones del sistema de justicia para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en la legislación ecuatoriana y en instrumentos internacionales de derechos humanos y garantizar estándares de calidad.

Esta resolución se conoció durante la Sesión del Pleno Extraordinario No. 087-2020 que se llevó a cabo este jueves 26 de noviembre.

De igual forma, el CJ resolvió la creación de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua.

La Presidenta, María del Carmen Maldonado, señaló que la referida resolución fortalece las acciones emprendidas por el CJ enmarcadas en el cuarto eje de gestión Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La cita contó con la presencia de representantes de varios organismos entre estos el Movimiento de Mujeres por la Justicia-Colectivo Tejedora Manabita; Blanca Pacheco, Directora Ejecutiva de la Casa de Acogida María Mora, de Cuenca; y Geraldine Guerra, Representante de la Alianza para el Mapeo de Femicidio en el Ecuador desde la Sociedad Civil, quienes expusieron sus observaciones y requerimientos en torno a la situación de violencia que viven las mujeres.

Maldonado explicó que "el Consejo de la Judicatura, pese a los recortes presupuestarios, ha logrado una cobertura de justicia especializada con unidades judiciales que llegan al 68% de la población nacional, distribuidas en 23 provincias del país, en los cantones más poblados y donde mayor prevalencia de violencia existe".

También manifestó que en estas unidades laboran 108 juezas y jueces que, con sus respectivos equipos técnicos, jurisdiccionales y de apoyo, superan los 700 servidores especializados al servicio de las víctimas de violencia. (I)