Evelyn tenía 25 años, era orientadora de mujeres y estudió cosmetología para mantener a sus dos hijos de dos y nueve años. La joven tenía planes, pero también miedo pues su exconviviente la amenazaba de muerte.

En mayo de 2019, ella perdió la vida a manos del padre de sus hijos, pese a que había solicitado una boleta de auxilio y una orden de alejamiento. El individuo, quien intentó suicidarse es juzgado por femicidio.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, asignó para el 2020 un presupuesto de $ 4’755.414,97 a fin de atender casos de violencia de género.

Catherine Chalá, subsecretaria de Derechos Humanos, precisó que el mayor monto  (2’440.000) es destinado a organizaciones sociales con las que se tiene convenio para proteger a víctimas a través de Casas de Acogida y Centros de Atención Integral.

Las primeras son refugios temporales. En cambio, en los Centros de Atención se les ofrece asistencia gratuita en lo legal, psicológico y social.

Otro rubro (que asciende a $ 1.5 millones) está destinado al pago de sueldos y salarios al personal técnico: psicólogos, abogados, trabajadores sociales y otros.

Además, hay un presupuesto de inversión de $ 876.000 para equipamiento en territorio. Con este se fortalecen los 46 grupos del Servicio de Protección Integral (SPI), un servicio directo de la Secretaría de Derechos Humanos y articula los niveles de atención.

Medidas de protección
Evitar la revictimización es uno de los  temas analizados en las reuniones entre las 22 instituciones del Estado del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres.

“Recientemente se presentó una herramienta tecnológica para agilitar la entrega de medidas de protección, pues que tome demasiado tiempo también es revictimizar a mujeres que están sufriendo”, manifestó Chalá.

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), explicó que para eso se habilitó un módulo en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).

La víctima va donde la autoridad administrativa y solicita una medida de protección. Esta es remitida por internet al juez, quien la ratifica y por la misma vía la devuelve en máximo dos horas.

La funcionaria detalló que la realidad urbana es diferente a la rural. En la urbana las personas llegan a la Unidad Judicial y el juez, que está en el mismo edificio, ratifica las medidas.

Sin embargo, en el área rural las perjudicadas se acercaban al comisario o a la Junta de Protección de Derechos y de ahí debían trasladarse a buscar al juez para continuar con el trámite.

“Tuvimos casos de víctimas agredidas en el trayecto de buscar de una autoridad a otra”, dijo.

Janina Villagómez, fiscal provincial de Guayas, aclaró que las medidas de protección no son chalecos antibalas, pero sí ayudan a prevenir situaciones que terminan en femicidios.

En Guayaquil, para que no ocurran casos como el de Evelyn, el Municipio  adquirió 600 botones de auxilio para entregar a las víctimas.

Estos son monitoreados desde la Corporación de Seguridad Ciudadana, donde se coordina la atención con policías y se observan las cámaras que están cerca del sitio de emergencia.

Gina Galeano, directora de “Amiga ya no estás sola”, manifestó que como parte del programa reciben a víctimas o a terceras personas que conocen del caso. “La sensibilización es importante para evitar más violencia. Brindamos asesoría y ayudamos a los niños que quedan huérfanos por los femicidios”. (I)