El 21 de enero de 2020 se presentó en Quito el Sistema de Medidas de Protección para Víctimas de Violencia, creado para brindar atención oportuna para aquellas que sufren de maltrato.

Más allá del anuncio de ese servicio, el encuentro puso en evidencia cómo en Ecuador, las autoridades de justicia se encuentran al mando de mujeres.

El acto estuvo a cargo de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ); Diana Salazar, fiscal General del Estado; María Paula Romo, ministra de Gobierno, entre otras autoridades.

La Función Judicial de Ecuador se conforma en cuatro pilares: el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública; los tres primeros son presididos por tres dignatarias, constituyéndose así en un hito en la historia contemporánea ecuatoriana.

La Constitución, en su artículo 176 que hace referencia a los Principios de la Función Judicial, señala los requisitos para designar a los servidores judiciales. Según la norma se debe contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social.

Además “se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres”. En esa línea también se maneja el artículo 179, que habla sobre la integración del CJ.

Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, considera que el sistema de justicia del país ha sido “masculino y patriarcal”. De ahí que el acceso a la justicia por parte de ellas “ha implicado un espacio de trascendencia”.

“Que las mujeres estén en la cima de la representación de una institución patriarcal, no solo cambia el espectro de la institución, sino que también feminiza positivamente el acceso a la justicia”, dijo.

Las cifras demuestran cómo ellas han incursionado hasta llegar a las más altas esferas de la justicia.

Según el CJ, hasta octubre de 2019, de 1.964 magistrados, 1.204 eran jueces y 760, juezas; en la CNJ, hay ocho juezas y cuatro conjuezas.

Paulina Aguirre, presidenta de la CNJ, detalló que hasta noviembre de 2019, el porcentaje de ellas era del 47%; en la actualidad es del 37%, ya que luego de la última evaluación a la CNJ se llamó a los jueces provinciales, cuya mayoría fueron hombres.

Aún así, Aguirre indicó que no hay patriarcado en el sistema de justicia. “Las mujeres hemos logrado mucho con gran sacrificio porque desempeñamos doble rol: en nuestro hogar y como operadoras de justicia”, ratificó.

Presencia en otras entidades

En la Defensoría Pública se observa un cuadro más tendiente en paridad de género. Hasta octubre de 2019, hubo 692 defensores: 374 defensores y 318 defensoras.

En la Fiscalía General también se observa una incorporación paulatina del personal femenino. Hubo 839 fiscales, de ellos, son 527 fueron hombres y 312, mujeres.

Mery Chiriboga, coordinadora General de Acceso a la Justicia Penal, es funcionaria en la entidad hace 27 años.

Ella reconoció que en los últimos años hay más sensibilización desde los operadores de justicia en temas de género. Muestra de ello fue en 2001 con la designación de la fiscal Mariana Yépez.

Mercy Guzmán, coordinadora General de Gestión de Recursos de la Fiscalía, reconoció que aún no se alcanza paridad, pero reiteró que “están en ese camino”.

Indicó que Pichincha es la provincia con más presencia de mujeres fiscales (89), le sigue Guayas (56) e igual número hay en El Oro, Manabí y Santo Domingo (13).

Ivonne Proaño, integra la Coordinación de la Unidad Nacional de Transparencia de Lucha contra la Corrupción y Lavado de Activos.

A su criterio, en la Fiscalía existe la participación femenina en forma permanente. No obstante, reiteró que en su profesión, lo más importante es trabajar en equipo, sin tomar en cuenta bandos por género. (I)